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En la carrera por la Alcaldía de Lima algunos figuran con buen pie en las encuestas; otros, no tanto. Es que los sondeos de opinión no están hechos para medir la calidad ética y personal de los candidatos.
A tres días de la votación, llegan a la recta final demasiado recargados de acusaciones penales y cuestionamientos de conducta.
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DANIEL URRESTI
El candidato de Podemos Perú es uno de los mejor ubicados en los sondeos pero lleva como lastre una investigación judicial vigente, nada menos que por asesinato.
Y esconde en la mochila a José Luna Morales, candidato a teniente alcalde, un personaje igualmente bajo pesquisa judicial en el caso “Los gásters de la política”.
Urresti afronta un juicio por el presunto asesinato del periodista ayacuchano, corresponsal del semanaraio “Caretas”, Hugo Bustíos, ocurrido en Huanta en 1988.
La sentencia que lo declaró inocente en octubre de 2018 fue invalidado en abril de 2019 por la Sala Penal Permanente que ordenó un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior.
La Fiscalía afirma que Urresti fue autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos y solicita 25 años de prisión.
El proceso está más vigente que nunca.
El último martes 27 de setiembre, el candidato de Podemos debía comparecer. No lo hizo. Su abogado adujo mal estado de salud. En vista de ello, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Lima aceptó reprogramar la audiencia para el próximo jueves 6 de octubre de 2022.
CASO LUNA
Como si la acusación por asesinato no fuera bastante, Urresti carga a José Luna Morales como primer regidor de su lista.
El ex congresista Luna Morales, hijo de José Luna Gálvez, jefe de Podemos Perú, ha puesto en práctica una curiosa estrategia electoral que consiste en ocultarse y permanecer inerte y en silencio, lejos de la mirada pública. Esta modalidad no ha hecho más que avivar el interés de la prensa.
En el debate municipal del domingo, la figura de Luna Morales fue desenterrada por la periodista Jesefina Townsend.
En teoría, si Urresti es elegido alcalde y luego es sentenciado, tendría que sucederlo su teniente alcalde José Luna Morales. Pero este también es investigado por la Fiscalía.
En un reportaje, el periodista Daniel Yovera precisa que ambos, padre e hijo, “están en la mira del Ministerio Público por presuntamente conformar una organización criminal denominada ‘Los gánsteres de la política’.
Esta banda se habría infiltrado en el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la ONPE y el JNE para influir en la designación de ciertos funcionarios clave en 2018.
Luna Morales habría comprado las voluntades de los integrantes del entonces CNM, instancia que se encargaba de nombrar a los titulares de las entidades electorales.
A la fecha, la investigación no está cerrada, aunque sí suspendida. Está pendiente de ser reabierta.
LÓPEZ ALIAGA
El candidato por Renovación Popular tiene una seria imputación por el presunto mal uso de fondos públicos asignados para su partido político.
Según reveló el programa Punto Final, hay evidencias de que destinó poco menos de medio millón de soles de tales fondos para “comprar” de manera indirecta publicidad en el programa de TV del cómico Andrés Hurtado (Chibolín). Una evidencia es que
Lopez Aliaga es un recurrente invitado del mencionado espacio televisivo.
Según el periodista Cristopher Acosta (Punto Final) López Aliaga pagó S/ 200 mil al productor de “Chibolín”.
El candidato rechazó tal imputación y se expresó en términos amenazantes contra el periodista Acosta: “Lo tengo chequedo”, afirmó.
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FORSYTH
Algunos medios recordaron en los últlimos días las dolidas palabras de Vanessa Terkes, ex esposa de George Forsyth, en las que retrata un lado desconocido de la personalidad del candidato de Somos Perú.
Lo que narró Terkes engloba en malatrato sicológico.
“Él me eructaba en la cara (...) me decía que no valgo nada, que soy una porquería de persona”, confesó.
“Cuando asumió el cargo como alcalde de La Victoria, el maltrato psicológico empezó porque él empezó a tomar licor en exceso. Llegaba tarde embriagado y orinaba en la cama”.
La denuncia de Terkes en la Fiscalía no prosperó. El Poder Judicial finalmente archivó el caso.
ALEGRÍA
La denuncia contra el candidato de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría Varona, no podría ser más devastadora: proviene de su joven hijo. El muchacho, tras la denuncia, ratificó en un canal de TV el contenido del atestado policial que asentó.
El testimonio cayó sobre el candidato como una ducha de lava volcánica debido al carácter escabroso de la misma.
La única virtud, por así decir, sería que sacó de un triste anonimato al candidato Alegría pero le brindó una penosa, indeseable, celebridad.
El epílogo resultó en una suerte de “muerte civil” para el candidato: el Poder Judicial, en una resolución sin precedentes durante una campaña electoral, dictaminó que debía efectuar de inmediato una evaluación sicológica con ayuda de profesionales, e informar al tribunal del resultado.
De ser el caso, debía iniciar una terapia de manera obligatoria.
También emitió una serie de limitaciones para proteger al joven denunciante.
