Moción de vacancia contra Martín Vizcarra se queda sin respaldo

Texto: Sofía López y Karina Valencia

Luego de conocerse que un aspirante a colaborador eficaz afirmó que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, recibió un millón de soles a cambio de otorgar la buena pro de una obra en Moquegua cuando fue gobernador regional, José Vega, vocero de Unión por el Perú (UPP) anunció que presentaría una moción de vacancia presidencial. Sin embargo, todo apunta a que esta iniciativa no recibiría el respaldo que esperaba el parlamentario upepista.

Representantes y portavoces de diferentes bancadas que se pronunciaron en medios y/o en redes sociales coincidieron en que no es el momento para evaluar una eventual destitución del mandatario. Incluso, agregaron que no es el Parlamento el que se debe encargar del caso, sino la Fiscalía.

Voces. Tal es el caso de Fuerza Popular (FP), uno de los grupos parlamentarios  opositores al Gobierno, el que adelantó que no apoyaría la moción.

El constitucionalista Carlos Mesía, también legislador “naranja”, consideró que no hay mérito para la presentación del documento.

“No lo voy a firmar definitivamente. La bancada tiene una posición tomada sobre ese tema, no vamos a intervenir en el Gobierno”, aseguró.

En diálogo con Correo, manifestó que “sería entrar otra vez en lo mismo”, en referencia a la moción de vacancia anterior por el caso “Swing”.

“No es el momento conveniente ni oportuno”, sostuvo.

Luis Dioses, portavoz de Somos Perú (SP), refirió que si bien su bancada no tiene una postura final sobre el sentido de la votación de la eventual moción, sí lo tienen en relación a cualquier indicio o hecho de corrupción. “Quien debe intervenir es la Fiscalía de la Nación”, aseguró.

Agregó que espera que la instancia a cargo de Zoraida Ávalos pueda tomar acciones, como lo hizo al anunciar una investigación preliminar al presidente Vizcarra por las contrataciones de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura (Mincul).

Dioses recordó que el Perú está en una crisis sanitaria y económica. “No hemos firmado ningún documento porque consideramos que no es pertinente para la estabilidad del país”, sentenció.

En tanto, el congresista Daniel Oseda (Frepap) aseguró que en su bancada son firmes en tener tolerancia cero con la corrupción.

“Las denuncias recientes y serios indicios de corrupción del presidente, exigen una investigación imparcial y oportuna”, tuiteó.

Sin embargo, añadió que el “debilitamiento de la legitimidad presidencial afecta negativamente la democracia”.

Números. Como se recuerda, el último domingo los voceros de algunos grupos parlamentarios ya se habían pronunciado al respecto.

Ricardo Burga (AP) adelantó que no apoyarían la iniciativa, pues “la Fiscalía debe corroborar la información”, mientras que Francisco Sagasti (PM), consideró que se debe esperar que la justicia “pruebe” los hechos.

En tanto, Fernando Meléndez (APP) indicó que el Ministerio Público debe hacer su trabajo para que el Congreso pueda pronunciarse.

A su turno, Rocío Silva Santisteban, Frente Amplio (FA), calificó el tema de “muy grave”, pero coincidió en que la Fiscalía efectúe una investigación profunda.

De acuerdo con las declaraciones de representantes de FP, SP, Alianza para el Progreso (APP), PM, AP, FA y el Frepap, dichas bancadas no apoyarían una vacancia.

Podemos Perú es la única bancada que no se ha pronunciado al respecto.

Se requieren 26 firmas como mínimo (20% del número legal de congresistas) para presentar la moción.

UPP tiene 13 legisladores y podría sumar el respaldo de los once miembros de Podemos, así como de los tres congresistas independientes, con lo que podrían cumplir, aunque a duras penas, la cuota mínima.

Esta cifra, no obstante, evidenciaría que aunque el documento se presente, no alcanzaría el mínimo de 40% del número de parlamentarios hábiles -sin contar a los que están con licencia y a los suspendidos- para que el pedido sea admitido y pase a un debate en el Pleno.

Pedido. Por otro lado, el vocero alterno de AP, Ricardo Burga, le solicitó a Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización, que su grupo se inhiba de investigar la denuncia del aspirante al colaborador eficaz sobre el presidente Vizcarra.

El acciopopulista recordó ya existe un grupo específico para investigar al “Club de la Construcción” y que hoy se instalará formalmente.

“Creo que esta denuncia calza perfectamente en esta comisión”, dijo en RPP.

AMPLIACIONES. Por otro lado, este diario pudo conocer que, según la Contraloría General de la República, durante la ejecución de la obra en cuestión, Lomas de Ilo, se concedieron 15 ampliaciones al plazo contractual solicitadas por el consorcio Obrainsa-Astaldi.

Así lo detalla el portal Infobras del citado órgano de control, en el que también se precisa el motivo de los pedidos de aplazamiento aprobados entre el 2014 y el 2015.

Dos son las justificaciones recurrentes para el trámite de las ampliaciones: cuando se aprueba la prestación de un servicio adicional o complementario y por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

En este último punto se incluyen, por ejemplo, paralizaciones a raíz de movilizaciones en todo el país de sindicatos de trabajadores de construcción civil, demora en la entrega de materiales, modificaciones en el expediente técnico, entre otros.

En un principio, el contrato -suscrito en diciembre del 2013- señalaba que el plazo de ejecución de la obra era de 300 días calendario (10 meses) a partir del cumplimiento de todas las condiciones que señala la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, tras las extensiones, los trabajos se extendieron por casi dos años.

A la fecha, el portal de la Contraloría señala que avance físico del proyecto es de un 99.47%.

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