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El economista, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad (CPC) señaló que el 2022, los municipios provinciales y distritales de la región Ayacucho recibieron transferencias de alrededor de S/426 millones por concepto de canon minero de los cuales solo se llegó a ejecutar el 65%.
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Según la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las provincias y distritos de la región recibieron exactamente S/415, 577, 364.00, siendo las municipalidades más favorecidas, la comuna provincial de Huamanga (S/ 28, 531,762.00), distrito de Vinchos (S/17,924,634.00), Oyolo (S/ 16,110,425.00), Huanta (S/15,675,783.00), y Lucanas Puquio (S/ 11,442,590.00).
El economista señaló: “Fundamentalmente, es inversión pública que abarca desde la reparación o construcción de obras físicas que puede ir desde un arreglo del local municipal, un estadio, una plazuela o también en cosas más relevantes como puente, camino rural, asfaltado de calles, carreteras, obras de agua y alcantarillado, posta médica o colegios”.
Asimismo, indicó que considerando los ingresos por canon minero y los que provienen de otros conceptos, los gobiernos locales de Ayacucho recibieron el 2022 alrededor de 1200 millones solo ejecutan el 64%, es decir, casi la mitad no se llegó a gastar.
En tanto, lamentó que muchos de los gobiernos locales no han desarrollado las capacidades para contar con un staff o cuadros técnicos experimentados que sepan hacer estas cosas. Normalmente estos cuadros suelen cambiar cada vez que llegue un alcalde, por eso que los primeros años no ejecutan nada y recién cuando están aprendiendo se van.
LAS BRECHAS SOCIALES EN AYACUCHO
Las brechas sociales siguen sin cerrarse, de hecho, Ayacucho tiene muchas deudas sociales con su población, debería invertirse en agua y desagüe porque el 40% de la población no tiene desagüe, y el 75% no tiene calidad de agua. Tiene casi el 50% de niños con anemia, en educación tiene solo el 29% de colegios están en condición aceptable.
Ayacucho cuenta 142 obras paralizadas en los sectores de salud, transporte, educación, y otros. Según las observaciones que hace la contraloría, el 50% de obras está paralizada y el otro 50% que si está en ejecución tiene grandes retrasos.
