Jorge Muñoz, el exalcalde de Lima, ratificó su versión: Que la vicepresidenta Dina Boluarte lo llamó para reunirse en privado a fin de que la ayude a resolver los problemas que enfrentaba el Club Departamental Apurímac, el cual presidía.

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Su propósito -según Muñoz- era conseguir la licencia de funcionamiento y lograr la exoneración de las multas que arrastraba la asociación privada.

Pero el dato más reciente que reveló ayer como testigo del caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que toda esa gestión se hizo por medio de la abogada de Boluarte.

La vicepresidenta jamás quiso mostrarse en público.

Muñoz declaró que cuando la profesional acudió por primera vez a su despacho, adujo que por razones de su trabajo estatal, la ministra de Estado no asistiría a la cita.

“Ella iba en su representación para tratar temas relacionados al club. En aquella oportunidad se pidió que se aceleren las cosas y se deje sin efecto las multas -entre otras causas- por ruidos molestos”, dijo ante la Subcomisión.

Muñoz no recordó la fecha en que ocurrieron las reuniones y el nombre de la persona que Boluarte delegó para hacer las gestiones, pero aseguró que todo ello ocurrió.

Luego, dijo que Boluarte quiso presionar al municipio para conseguir resultados.

RÚBRICA.

Muñoz, además, ratificó que Boluarte realizó dos gestiones al interior del municipio: Una antes de asumir un cargo en el Ejecutivo y otra cuando ya era funcionaria del Estado.

“He logrado identificar dos expedientes: uno anterior a su cargo de vicepresidenta y el segundo durante la vigencia de su cargo como vicepresidenta y ministra (...). El hecho objetivo es que los documentos sí fueron firmados por la señora Boluarte”, declaró Muñoz ante la Subcomisión.

Trascendió que el segundo trámite, el más reciente, buscaba obtener el certificado de seguridad para el club.

Muñoz sostuvo que Boluarte llamó a su celular y otras a otras dependencias como la gerencia municipal.

Cuando se le preguntó para qué fueron las llamadas, respondió: “Para que la atienda y una de las cosas que mencionó fue porque tenía un tema pendiente con el Club Apurímac”.

Por la tarde, el ambiente de la Subcomisión se caldeó cuando Alberto Otárola, abogado de Boluarte, exigió a Muñoz especificar el número de llamadas que habría recibido de Boluarte pero el exburgomaestre se remitió a lo que ya había contestado: Que no recordaba. Luego, Otárola insistió.

No obstante, los miembros de la Subcomisión le recordaron a Otárola que a un testigo no se le puede poner como acusado. Las reacciones en su contra provinieron de Norma Yarrow, Moyano y Noelia Herrera.

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Los ánimos de Otárola fueron los mismos incluso hasta cuando se presentó el contralor Nelson Shack, a quien no dudó en preguntar por qué razones se fiscalizó a Boluarte entre tantos casos pendientes.

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