Sigue no habido. Exteriores de la vivienda de Nicanor Boluarte tras orden de captura. (Fotos: Yodashira Pérez/@photo.gec)
Sigue no habido. Exteriores de la vivienda de Nicanor Boluarte tras orden de captura. (Fotos: Yodashira Pérez/@photo.gec)

A pesar de la orden de captura en su contra, Nicanor Boluarte no se encuentra localizado, ni vigilado. El juez Richard Concepción Carhuancho le impuso al hermano de la presidenta Dina Boluarte 36 meses de prisión preventiva por el caso “Los Waykis en la Sombra”, y ordenó también activar todas las alarmas de la justicia debido a su ausencia en el momento del fallo.

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El último martes el Poder Judicial solicitó la ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte.

Este miércoles 20 de noviembre se constató que no hay presencia policial en su vivienda, ubicada en el pasaje Daniel Alomía, en el distrito limeño de San Borja.

Asimismo, RPP informó que ni la Dirección de Inteligencia (DIRIN) ni la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) habían incluido a Nicanor Boluarte en sus registros de seguimiento.

Por su parte, vecinos señalaron a esa emisora que no han visto al hermano de Dina Boluarte en los últimos diez días.

Por la tarde, solo se observó la llegada de un notificador del Ministerio Público a la vivienda de Nicanor Boluarte.

36 meses de prisión preventiva

El juez Richard Concepción Carhuancho le impuso a Nicanor Boluarte 36 meses de prisión preventiva por el Caso “Los Waykis en la Sombra”.

El juez aseguró que Nicanor Boluarte tuvo un comportamiento procesal negativo al ocultar pruebas como borrar mensajes o llamadas en los equipos celulares que se le confiscó; e insistió en que el hermano de la mandataria representa un serio peligro para las investigaciones o al proceso por los comportamientos obstruccionistas que se desarrollan en la investigación.

Asimismo, para Concepción, Boluarte no acreditó arraigo domiciliario, laboral ni económico. El despacho de Richard Concepción Carhuancho impuso la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez. La presunta organización criminal que habría utilizado a prefectos y subprefectos para lograr la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.

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