Con paradero desconocido. Esa es la situación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien se encuentra investigado por ser el presunto líder de una organización criminal denominada “Los Waykis en la sombra”.
La ausencia del “hermanísimo” se sintió ayer cuando el Poder Judicial (PJ) informaba si acogía o no el pedido de prisión preventiva de 36 meses de prisión preventiva que pidió la Fiscalía para él y otros procesados.
De acuerdo con la tesis fiscal, la red criminal se dedicaba al copamiento en puestos claves en el Estado para lograr la designación de prefectos y subprefectos, esto a cambio de dinero y de la obtención de firmas para constituir el partido político Ciudadanos por el Perú (CPP), agrupación que impulsaba Nicanor Boluarte.
DETALLES
El domingo por la tarde, el juez Richard Concepción Carhuancho dio inicio a la audiencia en la que informaría si se dicta o no prisión preventiva para Nicanor Boluarte y otros cinco implicados en el caso. Sin embargo, la sesión se extendió hasta las 2 de la mañana.
El magistrado dio detalles de uno de los cinco hechos que se le imputaban a cada uno de los investigados, así como las respuestas que dieron los abogados.
La sesión tuvo que ser suspendida y se retomó ayer a las 9 de la mañana para continuar con el hecho número dos del caso.
Al inicio de la audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho dio pase a los investigados para saber si estaban conectados a la sesión.
Mateo Castañeda, Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez, así como los hermanos Noriel y Jorge Chingay Salazar, encendieron sus cámaras y facilitaron la dirección en donde se encontraban.
Al no obtener respuesta de parte de Nicanor Boluarte, el juez Carhuancho le consultó a Luis Vivanco, abogado de Nicanor.
“¿Se va a conectar su patrocinado?”, preguntó el juez.
Al respecto, el letrado aseguró que se comunicaría con Nicanor.
Luego de una pausa, Vivanco respondió: “No he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente”.
La ausencia de Nicanor Boluarte se dejó como constancia en las actas.
Cabe precisar que de acuerdo con información de Cuarto Poder, la última vez que Nicanor Boluarte fue visto estaba sentado en un vehículo mientras participaba en una de las sesiones de forma virtual.
Periodistas de diferentes medios de comunicación acudieron hasta el domicilio de Nicanor ubicado en San Borja para buscarlo. Sin embargo, no hubo respuesta.
EL CASO
Según la tesis del Ministerio Público, la organización criminal “Los Waykis en la sombra” es una red integrada por al menos 22 personas que se conformó luego de que Dina Boluarte asumiera le presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022.
Hay una serie de hechos que se le atribuye a la red criminal. Por ejemplo, habría gestado una cadena de acciones que consistía en copar la Dirección General del Gobierno del Interior y la Dirección de Autoridades Políticas del Ministerio del Interior, mediante la designación ilegal de subprefectos en la región San Martín, a cambio de que estas autoridades consigan firmas para la inscripción del partido CPP y un pago mensual entre 150 y 200 soles.
Lo mismo se habría realizado en la región de Cajamarca, pero ahí se cobraba entre 3500 y 5000 soles, así como en Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco.
Otro hecho que la Fiscalía le atribuye a la red son las influencias que realizaron para la designación de Juan José Enciso Torres como director ejecutivo de Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que maneja un presupuesto significativo.
A esto se le suma las influencias para designar a funcionarios en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) con la intención de recolectar fondos.
Finalmente, está el papel que habría desempeñado el abogado Mateo Castañeda en un intento por neutralizar las investigaciones contra Nicanor.
MARATÓNICA
En la audiencia de ayer, el juez Richard Concepción Carhuancho continuó desarrollando los elementos de convicción de los hechos de la investigación.
Sobre la designación de prefectos y subprefectos en Cajamarca, el magistrado sostuvo que hay elementos que demostrarían que Nicanor incurrió en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
“Existen elementos para decir que Nicanor y Ortiz Marreros coordinaron para las designaciones de prefectos y subprefectos”, apuntó.
Señaló que esto se sustenta en las declaraciones de dos colaboradores y un testigo protegido.
Al respecto, dio cuenta de la existencia de voucher de pago que habría realizado un prefecto a Cajamarca a una persona que es sindicada como el cajero de Noriel Chingay Salazar.
Además, se hallaron declaraciones juradas en blanco para que los subprefectos firmen, con el claro objetivo de exculpar a Nicanor.
“Tenía un objetivo político, pero los medios eran ilícitos porque estaba instrumentalizando las funciones, los cargos de los prefectos y subprefectos para ello”, indicó.
El juez Carhuancho agregó que la mando medio de la red obligaba a los subprefectos y prefectos a presentar cuotas de fichas de afiliación del partido CPP, de lo contrario, eran cesados del cargo.
Al cierre de esta edición, el juez todavía informaba sobre los elementos de más hechos vinculados al caso.
Todavía se debe abordar la prognosis de la pena, así como los peligros procesales que incluyen el riesgo de fuga y obstaculización.
