Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha estado en el foco de los medios de comunicación en los últimas semanas debido a una serie de hechos que dejan entrever una presunta injerencia en la gestión que tiene la mandataria.
Y aunque la Fiscalía lo investiga por un caso de presunto favorecimiento a autoridades que lo visitaron en su domicilio, todo parece indicar que el hermano de la máxima representante del Perú no quiere colaborar con la justicia.
Precisamente, ayer por la mañana, Nicanor Boluarte debía asistir a las instalaciones del Ministerio Público. Sin embargo, nunca llegó.
EN SILENCIO
El Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder que lidera la fiscal Marita Barreto citó al hermano de la presidenta Boluarte para que declare en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado.
Su cita estaba prevista para las 9:30 de la mañana de ayer en la sede del Ministerio Público (MP) ubicada en la avenida Abancay.
Los representantes de la Fiscalía y la prensa, ubicada en los exteriores, lo esperaron sin éxito.
Como se recuerda, la pesquisa inició luego de que Cuarto Poder revelara que Nixon Hoyos, alcalde de Nanchoc (Cajamarca), recibiera cerca de S/20 millones de presupuesto para proyectos de inversión en su distrito luego de visitar a Nicanor Boluarte en su casa en el distrito de San Borja el día de su cumpleaños.
La investigación a cargo del fiscal provincial Freddy Niño Torres también alcanza a los hermanos Noriel, Jorge y Antonio Chingay Salazar, así como a Víctor Hugo Torres Merino, Héctor Ugarte Nina, Michael Carlos Aranda Ladera y los que resulten responsables.
FACTOR
Nicanor Boluarte se ha convertido, sin duda, en una piedra en el zapato para el Gobierno que lidera su hermana Dina Boluarte.
En más de una oportunidad la prensa ha revelado una serie de hechos (ver infografía) que dan cuenta de que los que permanecen en su entorno, reciben beneficios.
Una de las primeras veces en que Nicanor Boluarte tomó presencia en los medios fue el 2 de abril de este año.
En aquella oportunidad, un portal periodístico informó que accedió a unas grabaciones que comprometían al hermano de Dina Boluarte.
En una de las conversaciones entre Nicanor Boluarte y Maritza Sánchez (exasistenta personal de Boluarte), quien se desempeñó como jefa de la Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM), el primero explica que sobrina “Vicky” había dejado de obtener contratos con el Ministerio de Educación luego de que Juan Cadillo fuera nombrado en el cargo.
“Vicky” es Victor Dávila, sobrina de Nicanor, que entre enero de 2022 y enero de 2023 obtuvo siete órdenes que suman S/132,600.00 en el Programa de Educación Básica para Todos, entidad adscrita
Incluso, Nicanor pide que reubiquen a su sobrina.
Aunque el rastro se le perdió unos meses, en noviembre de este año se reveló que Noriel Chingay Salazar, amigo de Nicanor Boluarte, negoció puestos para nombrar subprefectos en Cajamarca.
De acuerdo con el testimonio de un aspirante a subprefecto, el amigo de Nicanor pedía a cambio de un cargo la entrega de dinero y la entrega de firmas para la inscripción de Ciudadanos por el Perú, partido político que impulsa el hermano de la presidenta Boluarte.
A este escándalo se suma la revelación de que Walther Javier Iberos Guevara ejercía como abogado de Nicanor mientras se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Todo ocurrió mientras Dina era ministra de la mencionada cartera.
Actualmente, Walther Iberos es viceministro de Justicia.
MÁS
Sin embargo, la interferencia de Nicanor Boluarte en el Gobierno estaría incluso desde antes de que su hermana asuma como presidenta de la República.
De acuerdo con un audio publicado por Epicentro, Nicanor Boluarte le dijo a Maritza Sánchez que se reunió con congresistas de Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP) para que no censuren a Carlos Gallardo, entonces ministro de Educación de la gestión de Pedro Castillo.
Además, en la grabación de noviembre de 2021, afirma: “¿Sigue declara en emergencia la educación, no? Eso permite hacer contratos directos (...) y no vamos a licitaciones (...). Yo en Pronied tendría que cambiar cosas”.
A esto se le suman dos revelaciones recientes.
El 19 de noviembre, un informe periodístico dio cuenta de que personas vinculadas al partido que impulsa Nicanor son prefectos regionales en Junín y Tacna, subprefectos del Callao, Cajamarca, entre otros, es decir, fueron nombrados en sus cargos por orden del Ministerio del Interior.
Por ejemplo, Katherine Ayala Ruíz es subprefecta de la provincia de Jorge Basadre en la región Tacna. Ella asistió a un encuentro virtual que organizó Nicanor Boluarte.
Finalmente, está el caso de un encuentro entre Nicanor Boluarte y Germán Nina Coello registrado el 9 de octubre en una cafetería en la avenida San Luis, lugar cercano al departamento en donde vive el hermano de la presidenta.
Nina Coello es técnico en el área de asesoría legal de la Dirección de Salud de Apurímac (Diresa) y muy amigo de Nicanor.
Si bien es un funcionario, ha creado una serie de empresas desde el 2013 que han contratado en los últimos años con el Gobierno Regional de Apurímac, con municipios locales, entre otros.
Sin embargo, la suerte parece haberle llegado este año porque por primera vez su empresa Corporación Nutriandina SRL, dedicada a la venta de alimentos, bebidas y abarrotes, obtuvo contratos con el gobierno nacional.
Con el Ministerio de Economía obtuvo un contrato de mil soles, pero con el Ministerio de Educación le fue mejor, pues giró una orden de servicios por S/122,164.00 por vender abarrotes a la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
Los integrantes del Gabinete Ministerial del Gobierno de Boluarte han defendido de alguna manera al hermano de la presidenta.
Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola dijo que este no era el gobierno de Castillo.
“Nos remitimos y se esperará la averiguación de la verdad. Debo reiterar que el señor Boluarte no ha intervenido en una actividad, proyecto o cosa similar al interior del gobierno”, afirmó.
Mientras que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señaló que “las investigaciones nos darán más información”.
Por ahora, Nicanor debe responder ante las autoridades judiciales y, eventualmente a una citación en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
