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Destapadas las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Fiscalía parece ir -ahora sí- tras los pasos del Ministerio de Vivienda como parte de la presunta organización criminal que habría liderado el presidente Pedro Castillo para conceder adjudicaciones irregulares a empresas fantasmas o a cambio de presuntas coimas.
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Geiner Alvarado es titular de Vivienda y el ministro del gobierno de Castillo que más ha durado en el cargo: desde el 29 de julio de 2021.
El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que encabeza la fiscal superior Marita Barreto, ha encontrado una nueva línea de investigación que implica a Alvarado, Castillo y a la familia presidencial.
Barreto Rivera dispuso, el último 25 de julio, ampliar la investigación preliminar seguida contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente, por el presunto ofrecimiento de una obra de saneamiento en San Miguel, Cajamarca.
Al delito de tráfico de influencias, la fiscalía imputa ahora el delito de organización criminal a Paredes junto a sus hermanos Lilia Paredes -primera dama-, Walter Paredes Navarro y David Alfonso Paredes Navarro; el empresario Hugo Espino Lucana y su hermana Angie Espino así como el alcalde de Anguía, José Nenil Guerrero.
A los hermanos Walter y David Paredes, la fiscal Barreto también atribuye el presunto delito de lavado de activos, de acuerdo al documento.
Luego, la magistrada dispuso elevar un informe a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones en el caso del presidente Pedro Castillo y el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López.
Ello debido a que el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es la única instancia del Ministerio Público que puede investigar a los altos funcionarios por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función.
En caso Benavides disponga abrir investigación contra Castillo, sería la sexta investigación fiscal que acumula en su contra durante su gestión.
Cuatro de ellas se encuentran en Fiscalía de la Nación: Puente Tarata III, Fuerzas Armadas, caso Mariano González y Petroperú.
En tanto, el caso del presunto plagio de su tesis en la Universidad César Vallejo se ventila en una fiscalía penal de La Libertad, al ser hechos cometidos anteriores a su mandato presidencial.
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CASO. Durante la investigación fiscal a Yenifer Paredes por el ofrecimiento de una obra en Cajamarca, al lado del empresario Hugo Espino en setiembre del 2021, el Equipo Especial de Fiscales contra el Poder halló que, en setiembre del 2021, el ministro de Vivienda Geiner Alvarado emitió un decreto de urgencia, junto al presidente Pedro Castillo, para los fines presuntamente ilícitos de esta organización criminal.
Se trata de un decreto de urgencia que contenía un listado de diversas obras para financiar en temas de agua y saneamiento, entre las cuales se encontró la obra que ganó la empresa Destcon Ingenieros y Arquitectos, cuya propietaria es Anggie Espino, por un monto de S/ 3 millones 098 mil, 263.
Anggie Espino es la hermana de Hugo Espino, el empresario que -como dijimos- se le vio junto a Yenifer Paredes en Cajamarca.
En la misma lista contenida en el decreto de urgencia, firmado por Alvarado y Castillo, existen otras 28 obras, que equivalen a 115 millones de soles, por lo que el Ministerio Público sospecha que estas pudieron haber obtenido la buena pro de manera fraudulenta y exista una presunta organización criminal.
El decreto habría sido emitido como producto de las visitas -y presuntas coordinaciones- del empresario Hugo Espino al alcalde de Anguía, José Nenil Guerrero; al ministro de Vivienda, Geiner Alvarado; y a Palacio de Gobierno.
DEPÓSITO. Según reveló Latina, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) detectó que Walther Paredes Navarro y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, transfirieron 90 mil soles al empresario Hugo Espino Lucana y su hermana Anggie Espino Lucana.
El primero habría recibido S/ 70 mil y la segunda, S/ 20 mil.
Para el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, el dinero podría tener origen ilícito, por lo que se dispuso abrir una investigación preliminar por lavado de activos contra la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, y los hermanos de la primera dama.
Asimismo, se decidió ampliar la investigación contra Yenifer Paredes y abrir pesquisas a Hugo Espino y al alcalde de Anguía, Nenil Medina, por la presunta comisión del delito de organización criminal.
En este caso, la fiscal Marita Barreto y su equipo cuentan con un investigado que se ha sometido al proceso de colaboración eficaz, el cual ha permitido develar esta presunta trama de corurpción que llegaría -una vez más-a Palacio de Gobierno.
Este colaborador ha asegurado a la fiscalía que el alcalde de Anguía tenía acceso priviligiado con todos los ministros de estado, incluso hasta con funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y Dirección General de Inteligencia (Digimin), entre otras entidades del Estado tales como el Ministerio de Vivienda.
ANTECEDENTES. Pero no es la primera vez que se menciona al Ministerio de Vivienda como parte de una trama de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.
En junio pasado, el entonces fiscal supremo adjunto Samuel Rojas señaló ante el Poder Judicial que el accionar de una presunta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo no solo se habría circunscrito al Ministerio de Transportes (MTC), sino que también podría haberse expandido a otros ministerios.
“Estos hechos que vienen siendo investigados han comenzado incidiendo en aspectos del MTC, pero ya existen atisbos que nos indican que también deberíamos poner nuestra atención en hechos relacionados con el Ministerio de Vivienda y Energía y Minas”, señaló Rojas, en la audiencia de impedimento de salida para el hoy prófugo exministro Juan Silva Villegas.
El representante del Ministerio Público dijo además, a inicios de junio, que las presuntas actividades ilícitas de esta organización habrían llegado a otras áreas del Ejecutivo, como el Ministerio de Energía y Minas.
Eso ocurrió días después de que el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abriera investigación contra el presidente Pedro Castillo y Juan Silva por el caso Puente Tarata III.
Ahora, la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, deberá analizar el informe enviado por la fiscal superior Marita Barreto y decidir si abre investigación contra el mandatario y su ministro intocable, Geiner Alvarado. Sería pues la sexta investigación fiscal contra el presidente en un año de gestión.
