El congresista Raúl Doroteo se encuentra -nuevamente- en el ojo de la tormenta.
El legislador que en algún momento perteneció al partido de Acción Popular, utilizó a su agente de seguridad estatal para trasladar a su extrabajadora con la que convive.
EL CASO
El programa Cuarto Poder captó al congresista Raúl Doroteo caminando de la mano con Grecia Dávila, una mujer de 35 años en estado de gestión que trabajó en su despacho hasta hace unos meses, pero que hoy forma parte de la Oficina de Enlace con el Ciudadano.
El reportaje evidenció como el agente policial Gregorio Calampa, asignado como seguridad del exacciopopulista, trasladaba en una camioneta a Dávila, mientras ella iba de copiloto arreglándose.
Consultado sobre su relación con Dávila, Doroteo respondió que “no hay ningún tipo de vínculo, solo laboral”.
Para su excolega de bancada, María del Carmen Alva, este tipo de conductas de parte del parlamentario, no son nuevas.
“Raúl Doroteo hace tiempo que debió de ser sancionado y desaforado. Es una raya más al tigre, no me extraña”, afirmó.
Para el penalista Andy Carrión, si el congresista Raúl Doroteo utilizó a personal del Estado para otras tareas, corresponde al delito denominado peculado personal.
“El personal de seguridad solo debe otorgarle esa seguridad al congresista, a nadie más, para eso se le paga. No puede usar su tiempo para trasladar a otras personas. El congresista estaría cometiendo el delito de peculado personal, es el término correcto”, afirmó.
PENDIENTE
No es la primera vez que Doroteo es protagonista de un escándalo.
La Comisión de Ética aprobó un informe que recomienda suspenderlo por 120 días hace más de un año. Sin embargo, el caso vinculado al recorte de sueldo a sus trabajadores, no es puesto en debate en la agenda del Congreso.
En mayo del 2025, fue acusado por su padre de 80 años de haberlo agredido físicamente frente a su madre.
Por otro lado, en julio de ese mismo año, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en su contra por el denominado caso “Los Niños”, allí se le imputa la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
