El ministro del Interior, Willy Huerta, juró al cargo el último martes. Foto: Presidencia
El ministro del Interior, Willy Huerta, juró al cargo el último martes. Foto: Presidencia

El flamante ministro del Interior, Willy Huerta Olivos, fue investigado penalmente por el Ministerio Público cuando era comandante de la Policía por el presunto delito de corrupción de funcionarios.

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Según el reporte de denuncias de la Fiscalía, difundido por El Comercio, la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima investigó a Huerta, quien reemplaza a Mariano González en el cargo, por didelitos como concusión, colusión y abuso de autoridad.

Del documento fiscal, se desprende que la pesquisa fue abierta en 2013, cuando Willy Huerta integraba la Dirección Nacional de Operaciones Policiales.

En marzo de ese año, Huerta y otros policías cumplieron funciones de coordinación y monitoreo de la seguridad para la consulta popular de revocatoria, sobre la remoción o permanencia de Susana Villarán como alcaldesa de Lima.

Sus jefes en la mencionada dirección policial, como el entonces coronel Luis Mondragón y el general Orlando del Águila, fueron pasados al retiro a finales del 2013 por supuesta corrupción, en distintas etapas de sus respectivas carreras.

En esa época, cientos de policías fueron removidos de la institución por el caso del irregular resguardo al exoperador montesinista Óscar López Meneses.

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ANTECEDENTES. En su declaración jurada, Willy Huerta aseguró que el proceso penal en su contra fue archivado.

Según su hoja de vida, el titular del Mininter estuvo 35 años como oficial superior de la Policía y fue jefe del Equipo de Investigación de la Dirección contra la Corrupción en apoyo al Ministerio Público.

El 18 octubre del 2021, Willy Huerta ingresó a Palacio de Gobierno a reunirse con el presidente Pedro Castillo en horario similar al que hizo lo propio Karelim López, actual colaboradora eficaz del caso Puente Tarata; así como Hugo Chávez Arévalo, ex gerente general de Petroperú) y el empresario Samir Abudayeh, investigados por el caso de la presunta irregular licitación de biodiésel.