Una serie de antecedentes judiciales de algunos candidatos del Partido Cívico Obras fueron revelados en un reportaje de Cuarto Poder. Según estimaciones de la ONPE, estos mismos postulantes obtendrían cuatro escaños en el Senado y 13 en la Cámara de Diputados. La agrupación liderada por Ricardo Belmont ingresaría al Parlamento con al menos seis integrantes que registran sentencias penales firmes, investigaciones fiscales o denuncias policiales.
El probable diputado Arturo Eusebio Padilla fue sentenciado por peculado doloso durante su gestión como presidente del directorio del centro vacacional Huampaní, cargo al que llegó en el gobierno de Pedro Castillo. Según la Contraloría, Padilla se instaló en un bungalow de las instalaciones desde el 17 de mayo de 2022 hasta el 2 de febrero de 2023, sin abonar ningún monto al Estado.
Al ser consultado sobre ese periodo, el candidato sostuvo que su permanencia respondía a razones laborales vinculadas a un proyecto de infraestructura.
“Me quedaba para efecto de trabajar para el tema del puente de doble vía”, aseguró.
El exfuncionario también registra una denuncia policial por haber abandonado la escena de un accidente de tránsito contra un mototaxi en aparente estado de ebriedad.
Dina Hancco y Daniel Barragán
La candidata a la vicepresidencia y probable diputada por Puno, Dina Hancco Hancco, registra una sentencia firme por contrabando que le impuso tres años y seis meses de pena suspendida. Antes de sumarse a la agrupación política de Belmont, postuló por Alianza para el Progreso liderada por César Acuña y Unión por el Perú, partido vinculado a Antauro Humala.
Mientras que el primer vicepresidente y virtual senador Daniel Barragán Coloma también tiene vínculos con el entorno de Antauro Humala y fue ministro de Defensa en los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. Algunos representantes de bases regionales del partido OBRAS lo denunciaron ante el JNE por presuntamente exigir pagos para acceder a las listas de candidatos. Uno de los denunciantes relató que Barragán le solicitó 70 000 soles, y que quienes no tuvieran dicho dinero simplemente no podían postular.
Otros candidatos con antecedentes
El probable diputado por Junín, Máximo Peralta Jorpa, fue intervenido hace dos años por la Policía por presunto intento de feminicidio. Según el parte policial, el postulante agredió físicamente a su pareja con puñetes y patadas, y sus propios hijos solicitaron auxilio para proteger a su madre.
Walter Gago Rodríguez, candidato al Senado, acumula dos sentencias: una por delitos contra la confianza en los negocios y otra por libramiento y cobro indebido. Su historial incluye además infracciones reiteradas por conducir en estado de ebriedad y una deuda de casi 13 000 soles con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Otro de los representantes del grupo político que presenta cuestionamiento es el diputado Edgar Alvarado de la Cruz , quien registra una sanción municipal por conducir con alcohol en la sangre, lo que derivó en la suspensión de su licencia por tres años, mientras que Demetrio Flavio Valqui enfrenta una sentencia por tenencia ilegal de armas en agravio del Estado.
