Desde que Jaime Villanueva, otrora asesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, testificó sobre altos funcionarios y los señaló de incurrir en aparentes actos de corrupción, varias instituciones se han visto, también, comprometidas.
En su testimonio del 24 y 30 de enero, “El Filósofo” mencionó al Congreso, a los ministerios de Defensa y Justicia, a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al Poder Judicial (PJ) e incluso al Ministerio Público.
También aludió a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y -no menos importante- al portal periodístico IDL-Reporteros, del periodista Gustavo Gorriti.
Quedó claro que sus dichos remecieron a los órganos administrativos, pero no solo por la información general ofrecida a la Fiscalía, sino por afirmar que, en esos estamentos, más de 20 personas habrían incurrido en delitos como el de tráfico de influencia y cohecho pasivo.
Por ejemplo, hace poco se abrió indagaciones a 14 legisladores, exfiscales supremos e incluso al actual jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí.
Así, la Fiscalía investiga a César Revilla y Martha Moyano (Fuerza Popular); Ilich López, Jorge Flores, Luis Aragón y Luis Cordero (Acción Popular); Alejandro Soto (Alianza para el Progreso); José Williams y Patricia Chirinos (Avanza País); y José Balcázar (Perú Bicentenario). También, a la no agrupada Katy Ugarte, a José Jerí (Somos Perú), a Edgar Tello y Germán Tacuri, ambos profesores del Bloque Magisterial.
Asimismo, investiga a los fiscales supremos adjuntos Marco Huamán y Elmer Ríos, al fiscal supremo titular Pablo Sánchez y a su colega Rafael Vela Barba. También se indaga a Miguel Girao, exasesor de Benavides, y al fiscal superior Elmer Ríos Luque, entre otros.
Pero el caso más importante, al ser sindicada cabecilla de una organización criminal, es el de Patricia Benavides, a quien la Fiscalía le atribuye delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho.
Implicancia.
La tesis fiscal apunta a que Benavides negoció con ciertos legisladores los votos para inhabilitar a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, su enemiga política. Si bien esa hipótesis no ha sido confirmada por Villanueva, este ya reconoció haberse reunido con legisladores como Ugarte, Tello, Tacuri, Revilla, Jerí, Cordero y Flores y otros más.
De hecho, en sus testimonios del 24 y 30 de enero aseveró -como parte de esos acercamientos- que en mayo del 2023 Williams Zapata, cuando era presidente del Parlamento, condicionó su apoyo para inhabilitar a Ávalos a cambio de que Benavides denuncie constitucionalmente a “Los Niños” de Acción Popular. No obstante, todo fue negado por el legislador.
Sobre Ruth Luque, la historia no es distinta. Villanueva reveló que en la casa de la legisladora se reunió con el prófugo Vladimir Cerrón para concertar el archivamiento de una investigación contra el expresidente Pedro Castillo por lavado de activos.
La idea era que vaya a esa cita Rafael Vela Barba para sellar la negociación, pero ante su negativa a la asistencia de esa reunión, el fiscal suspendido habría aceptado dejar fuera de la pesquisa a Castillo.
Con relación al Ministerio de Defensa, Villanueva explicó sin detalle que Vela pretendía reunirse con el exministro Juan Carrasco Millones para mostrar su apoyo al gobierno de Castillo.
Sobre el exconsejero de la JNJ Hénry Ávila, refirió que este pidió al exministro de Justicia Félix Chero respaldo y votos para presidir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
Altos funcionarios.
Con relación al fiscal supremo Pablo Sánchez, Villanueva testificó que pidió a Benavides el archivo de una investigación por negociación incompatible a cambio de que realice lo mismo sobre una pesquisa contra la hermana de la suspendida exfiscal de la Nación.
Reveló que Sánchez sostenía reuniones con Pablo Talavera, entonces presidente del desactivado CNM, para destituir formalmente a Carlos Ramos Heredia, exfiscal de la Nación.
En tanto, “El Filósofo” también imputó a Rafael Vela de realizar actos aparentemente irregulares que favorecerían al vacado expresidente Pedro Castillo y a Dina Boluarte. Asimismo, testificó que el fiscal pidió a Perú Libre apoyo para uno de sus proyectos, y que le “cobró” a Gustavo Gorriti la factura por haberle entregado información sobre el fallecido exmandatario Alan García Pérez.
Otro señalamiento serio es cuando afirma que en 2021, durante la segunda vuelta, coordinó con Vela para frenar cualquier intento de Keiko Fujimori de ganar la presidencia.
Villanueva sostuvo, además, que Vela tenía un contacto en el JNE para enterarse del panorama electoral.
“Me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga elegida la señora Fujimori”, dijo.
Todas esas afirmaciones están incluidas en las pesquisas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop), la Fiscalía Suprema a cargo de Delia Espinoza y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En esta última institución se inició un proceso disciplinario a Benavides que derivó en su suspensión, pero a Vela, José Domingo Pérez y Sánchez apenas se le inició una investigación preliminar para evaluar si amerita o no el comienzo de un procedimiento disciplinario.
