Durante una conferencia de prensa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respondió a los cuestionamientos sobre la idoneidad de M&T Corporation del Perú SAC, firma encargada de auditar los sistemas informáticos electorales.
Los voceros de la entidad precisaron que, al momento de firmarse el contrato en noviembre de 2025, la empresa no registraba ninguna inhabilitación vigente en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, por lo que cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Desde la Gerencia de Informática y la Subgerencia de Logística de ONPE se indicó que las sanciones administrativas previas impuestas a un proveedor, una vez cumplidas, no representan un impedimento legal para participar en nuevos procesos de contratación pública.
Dicha entidad remarcó que su actuación se enmarca estrictamente en la normativa vigente y aseguró que el proceso de selección de la empresa auditora se desarrolló de manera transparente, luego de que dos convocatorias previas fueran declaradas desiertas por falta de postores nacionales e internacionales.
La subgerente de Logística, Yuvitza Aguilar, informó que el contrato suscrito con M&T Corporation del Perú SAC asciende a 944 mil soles.
Además, confirmó que para la segunda vuelta electoral se formalizó una adenda con la misma compañía, al amparo de la Ley 2529564, normativa que permite garantizar la continuidad de servicios considerados críticos en procesos de elección por voto popular.
La funcionaria señaló que se revisó la ficha única del proveedor y que no se hallaron penalidades ni inhabilitaciones administrativas durante los últimos cinco años, por lo que —según indicó— se cumplió con la debida diligencia en el manejo del gasto público.
Se informó que el proceso de auditoría técnico-funcional se extendió por 168 días y concluyó el 29 de abril de 2026. De acuerdo con el ingeniero Roberto Montenegro, el servicio comprendió la evaluación de tres sistemas críticos: el sistema de cómputo electoral, el STAE y la página de resultados.
Asimismo, precisó que para la identificación de vulnerabilidades se aplicaron estándares internacionales de ciberseguridad, entre ellos ISO 27001 y NIST.
El informe final concluyó que, si bien se detectaron más de seis mil observaciones menores, todos los riesgos considerados críticos o altos fueron subsanados de manera progresiva por el equipo técnico antes de la jornada de votación del domingo.
La ONPE destacó que el sistema de cómputo electoral —encargado de procesar las actas provenientes de las 126 oficinas descentralizadas— opera de forma completamente independiente y aislada de la red de internet.
Bajo este esquema de “caja fuerte”, se evita que ataques externos puedan afectar la base de datos de resultados. Incluso frente a posibles intentos de saturación o denegación de servicio contra el portal institucional, el procesamiento de votos no se vio comprometido, ya que la red interna opera sin conexión a internet, asegurando así la integridad y confiabilidad del conteo oficial.
En relación con la fiscalización externa, el organismo electoral informó que 26 organizaciones políticas han tenido acceso al módulo especializado de presentación de resultados. Esta plataforma permite a los personeros descargar información masiva y copias de actas, con el fin de realizar auditorías de manera independiente.
La ONPE remarcó que este nivel de transparencia permite a las organizaciones políticas verificar directamente la coherencia de la información publicada en su sistema web.
Además, señaló que el informe ejecutivo de la auditoría informática ya fue entregado al Jurado Nacional de Elecciones y está habilitado para su consulta pública en el portal institucional, como parte de las medidas de transparencia y rendición de cuentas.
