Un reportaje de Cuarto Poder identificó a los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que hoy rinden cuentas ante el Ministerio Público por las irregularidades que paralizaron la jornada electoral del 12 de abril en Lima y Callao. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal sin precedentes contra la cadena de mando institucional por presunta obstaculización del derecho al sufragio y omisión de actos funcionales.
El primer implicado en este caso es el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, quien asumió el máximo cargo en 2020 tras un concurso de la Junta Nacional de Justicia y ratificado en 2024. El alto funcionario dispone de un equipo de asesores, analistas y personal de apoyo cuyo costo mensual, sumado a su remuneración, representa un gasto al Estado de 88 329 soles.
En su comparecencia ante el Congreso, Corvetto reconoció fallas pero las atribuyó a niveles inferiores de su estructura, sosteniendo que “el problema se ha suscitado en la gerencia de gestión electoral y precisamente en la subgerencia de producción electoral.” El Ministerio Público lo incluyó como testigo en la carpeta fiscal 205/2026.
En medio del proceso de investigación en su contra, el titular de la ONPE invocó el artículo 35 de la Ley N°30057, Ley de Servicio Civil. Este mecanismo estipula que cualquier funcionario público tiene el derecho de contar con asistencia legal cubierta por la entidad para la que trabaja, sea en procesos penales o administrativos.
José Samamé Blas: el único detenido
Samamé Blas ejercía hasta hace unos días como gerente de Gestión Electoral, el área responsable de planificar y ejecutar el despliegue del material electoral. Durante su gestión se aprobaron además los términos de referencia que abrieron paso a la contratación de la empresa Galaga.
El pasado 12 de abril, mientras las demoras se acumulaban en los locales de votación, presentó su renuncia. Fue detenido por flagrante delito de omisión de actos funcionales, convirtiéndose en el único privado de libertad en el marco de estas investigaciones. En su declaración ante la Policía, sostuvo que se considera “inocente” y trasladó la responsabilidad a la subgerencia bajo su línea de mando.
Juan Phang Sánchez
Juan Phang Sánchez fue señalado tanto por Corvetto como por Samamé como el responsable directo de supervisar el cronograma de distribución. El destituido funcionario tiene más de dos décadas en la institución y fue suspendido del cargo tras la jornada del 12 de abril.
Su nombre no aparece por primera vez en un contexto judicial. La Fiscalía lo investiga por presuntamente integrar la organización criminal “Los Gánsters de la Política”, vinculada al proceso de inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú. Según audios de 2018 revelados por Cuarto Poder registraron su voz presionando para agilizar esa inscripción, argumentando que las instrucciones venían “de la presidencia actual.”
El JNE incluyó también en su denuncia a Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral, y a Edward Alarcón González, gerente de Administración. Ambos integran la estructura directiva que debía garantizar el correcto desarrollo del proceso y hoy forman parte de las investigaciones en curso ante el Ministerio Público.
