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La Oficina de Altos Comisionados de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la liberación del expresidente Alberto Fujimori ya que fue condenado por delitos contra los derechos humanos y su salida de prisión representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.
“Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas”, dijeron los expertos en un comunicado publicado el 22 de marzo.
Los expertos en derechos humanos señalaron que el indulto concedido en 2017 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski había sido considerado incompatible con los requerimientos legales, y que el fallo del Tribunal Constitucional sería una afrenta contra las víctimas de los delitos por los que Alberto Fujimori fue sentenciado.
“A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra el Sr. Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”, advirtió Naciones Unidas.
El comunicado recuerda que el expresidente peruano fue condenado a 25 años de prisión en el 2009 por delitos de lesa humanidad en el derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzosas y secuestros, cumpliendo con normas nacionales y estándares internacionales en un “juicio justo”.
“La decisión del Tribunal Constitucional de liberar al Sr. Fujimori y de restablecer un indulto presidencial que le había sido concedido en 2017 parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad”, indicaron.
Indulto debe ser justificado
Naciones Unidas recordó que en el 2018 emitió un comunicado donde se advirtió que un indulto humanitario solo debe ser otorgado de manera cuidados para evitar arbitrariedades, ya que los Estados están obligados a prestar atención médica adecuada en prisiones a los reos con situaciones de salud propias de avanza edad.
“Sólo las enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos; sin embargo, tales beneficios no pueden otorgarse en respuesta al mero paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la edad”, advirtieron.
Por esto, añaden que la liberación anticipada de personas condenadas por graves delitos contra los derechos humanos es contrario al derecho internacional, donde se reconoce la necesidad de restringir beneficios procesales a favor de condenados por este tipo de crímenes.
Los expertos de la ONU que suscribieron este comunicado son: Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Luciano Hazan (Chair-Rapporteur), Aua Baldé (Vice-Chair), Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni, Henrikas Mickevičius, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Todos forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Alberto Fujimori en libertad
El Tribunal Constitucional votó el 17 de marzo con tres votos a favor, tres en contra y el voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero, a favor del recurso de hábeas corpus presentado por un abogado en Ica para que se anule la decisión del Poder Judicial que consideró ilícito el indulto humanitario que Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori.
Con esta decisión, el TC indicó que se debe restituir todo al estado anterior de los fallos judiciales, lo que implica que el exmandatario condenado por diversos delitos salga en libertad acatando la gracia presidencial otorgada en el 2017.
Los abogados de las víctimas de los Casos Barrios Altos y La Cantuta, así como representantes del Ejecutivo, han manifestado que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que se pronuncie en contra de esta decisión.
