La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declaró este martes que es objeto de “una acusación difamatoria” en la investigación abierta por presuntamente encabezar una red delictiva dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público.
Benavides compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder a las indagaciones iniciadas la semana pasada por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP).
En ese sentido, afirmó ser víctima de una “acusación calumniosa de liderar una organización criminal”, enfatizando que a lo largo de su trayectoria ha enfrentado “las críticas”, pero siempre ha rechazado “las falsedades”.
“Niego rotundamente la existencia de una organización criminal bajo mi liderazgo. Por el contrario, he combatido el uso político de la función fiscal”, subrayó.
La fiscal general mencionó que la investigación surgió “tras trascender que presentaría una denuncia constitucional que implicaría al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por las numerosas muertes ocurridas durante las manifestaciones entre diciembre y marzo pasados”.
“Aquí no solo hay motivos políticos de represalia, sino un intento inmediato de apartarme del sistema judicial”, afirmó, calificando las investigaciones como un “espectáculo mediático” que, a su juicio, reflejan “la politización evidente de la función policial y fiscal”.
Benavides se describió como “una fiscal que ha defendido el Estado de Derecho y ha luchado junto a millones de peruanos por la preservación de nuestra democracia”, añadiendo que es víctima de “una manipulación”.
Respecto a unas conversaciones por chat que llevaron a la detención de su principal asesor, Jaime Villanueva, por presuntas coordinaciones ilícitas con legisladores, aseguró que estos mensajes han sido “claramente manipulados” y “no contienen ninguna actividad delictiva”.
“Se ha iniciado una campaña mediática en mi contra”, reiteró, además de calificar de “incompetente” a la fiscal Marita Barreto, quien dirigía el Eficcop cuando se abrió la investigación y a quien destituyó tras conocerse dicho proceso.
La presunta red corrupta está acusada de influir “indebidamente en decisiones de congresistas” para destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia (el máximo órgano de gobierno judicial), designar al actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y inhabilitar a la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
Tras conocerse la investigación, Benavides afirmó que fue “un intento torpe” para obstaculizar las pesquisas que llevaba a cabo contra los máximos representantes del gobierno. Presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y otras altas autoridades.
En respuesta, Boluarte calificó esta acción de la fiscal como “una maniobra política despreciable” destinada a “desviar la atención” de las investigaciones en su contra.
El martes, el periódico El Comercio reveló que el asesor Villanueva, quien se encuentra detenido, “reconoció la autenticidad de los chats que mantuvo con los congresistas, alegando que coordinó por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides”, para lograr la inhabilitación de Ávalos, la elección de Gutiérrez y la remoción de los miembros de la JNJ.
