La congresista (Avanza País) viajó a España el último domingo, lo hizo después de difundir un video en el que aseguró que iban a allanar su domicilio, su despacho y que iban a pedir su detención preliminar.

Su salida del país se da luego de ser vinculada con Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien habría confesado que sostuvo coordinaciones con al menos nueve congresistas, entre ellos, la legisladora del Callao.

"He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar", aseveró Patricia Chirinos.
"He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar", aseveró Patricia Chirinos.

MOTIVOS

Luego de recibir críticas en redes sociales, explicó que el viaje estaba programada desde hace mucho tiempo.

“Se pueden fijar en mi récord migratorio, porque todos los años yo viajo en Navidad, en la misma fecha, porque mi hija vive aquí hace algunos años y regresaré como es normal después de algunas semanas”, afirmó.

En diálogo con RPP, dijo que algunos políticos de otros países le han ofrecido asilo. Sin embargo, aseguró que no lo aceptaría pues “no ha cometido ningún acto ilegal”.

Además, se conoció que solicitó licencia para no participar de la semana de representación y así viajar a España, aunque el pedido recién ingresó ayer.

En la documentación enviada a Oficialía figura un recibo por 2800 soles, dinero que corresponde a la devolución de apoyo logístico por la semana de representación.

Sobre un eventual pedido de detención preliminar para Chirinos, el penalista Andy Carrión precisó que para concretar la medida deben existir tres factores: Una investigación en la Fiscalía de la Nación, un delito cometido en funciones y que el Parlamento de el visto bueno.

“Para efecto de ser detenida implicaría el filtro previo del Congreso”, indicó a Correo.

Es decir, el caso tendría que pasar por una denuncia constitucional en la Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales, posteriormente en la Comisión Permanente y finalmente, en el Pleno del Congreso.

“Al no haber ahora, al menos de manera conocida, una investigación preliminar, pues no se podría tampoco gestionar una eventual detención”, agregó.