La moción de vacancia de 103 páginas, presentada por el congresista Edward Málaga, señala en sus fundamentos que se configura la permanente incapacidad moral para gobernar del presidente Pedro Castillo, debido al “irresponsable desmantelamiento” de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado, hechos que han puesto en riesgo el funcionamiento, gobernabilidad y futuro del país.

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“Desde que asumió su mandato, el presidente Pedro Castillo ha designado para el cargo de ministros de Estado, a personas seriamente cuestionadas por sus antecedentes, prontuarios e investigaciones en curso, dando a entender que, a su juicio, dichas personas eran idóneas para los cargos y las funciones que iban a desempeñar”, se indica en el documento.

En esa línea, se pone como ejemplo a los exministros Juan Silva y Greiner Alvarado, quienes están directamente involucrados junto al presidente y su familia en investigaciones fiscales por corrupción.

En otro punto, desde la página 53, se consignan hechos de presuntos actos de corrupción del mandatario. Uno de ellos es el caso Tarata, donde se recoge las versiones de Karelim López y Zamir Villaverde. Sobre este último se rescata la declaración en la que indica que el presidente recibió “50 mil de los 100 mil soles que le entregó al exministro de Transportes, Juan Silva, por la licitación de esa obra”.

También se detallan investigaciones que involucran al mandatario: sobre los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Petroperú, ‘Gabinete en las Sombras, caso Yenifer Paredes, entre otros.

“El presidente va acumulando investigaciones fiscales. Como se ha mencionado, a la fecha está involucrado en seis. Esto no solo violenta la dignidad presidencial, pues las siguientes preguntas son válidas: ¿quién paga a sus abogados? El Estado asume ese gasto ¿su sueldo como presidente se afecta por el gasto en patrocinio legal?”, se cuestiona.

Asimismo, se indica que solo hay certeza de que las investigaciones seguirán acumulándose y, además, que producto de más nombramientos de Castillo en el Ejecutivo, el Estado seguirá desfalcándose económicamente, porque sus funcionarios y exfuncionarios investigados acceden al beneficio del patrocinio legal.

“El presidente Castillo y su entorno más cercano están involucrados en serios casos de corrupción, por los cuales vienen siendo investigados, de manera preliminar, por la Fiscalía de la Nación, y que los hechos que se les atribuye son de una gravedad extrema, pues comprenden delitos contra la administración pública, de encubrimiento personal y de obstrucción a la justicia”, se alega.

En ese sentido, se sostiene que el jefe de Estado no ha aclarado las imputaciones en su contra y que, por el contrario, se ha encargado de atacar a la prensa y de victimizarse, aludiendo a una supuesta campaña de desprestigio.

“A la fecha existirían hasta tres personas de su entorno que se habrían acogido a la colaboración eficaz y que habrían corroborado las denuncias antes mencionadas. Estos serían: Karelim López, Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. Este último incluso, de acuerdo a lo revelado por los medios de comunicación, sostuvo que el actual subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, lo ayudó a ocultarse, durante los meses que estuvo prófugo de la justicia”, se acota.

Uno de los últimos puntos de la moción de vacancia se detallan faltas ética del mandatario, la que atentarían contra la figura presidencial, por ejemplo, el plagio de tesis de su maestría, así como el caso de encubrimiento personal y obstrucción a la justica por no estar de acuerdo con la conformación de un equipo especial de la Policía, que tenía como objetivo capturar a Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez, sobrino de Castillo.

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También se recuerda el aprovechamiento político de pacientes oncológicos pediátricos y sus familias del presidente, quien dijo que destinará 4, 183′ 700, 000 soles a través del Ministerio de Salud para “asegurar su tratamiento integral”. Luego se conoció que la cifra que dio fue de S/5, 398.7 millones para la “implementación de la Ley Nacional del Cáncer”.

Otro de los puntos trata sobre la compra de votos del Gobierno para “conseguir votos que blinden a Pedro Castillo y sus ministros en sede parlamentaria”. Se detalla el caso de congresistas de Acción Popular, llamado también “Los Niños” que habrían sido beneficiados con obras a favor de empresas de su entorno.

Junto a la moción se consignó documentos de anexos:  una de 94 y otra de 162 páginas.


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