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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, anunció que el Gobierno del presidente Pedro Castillo alista un proyecto de ley para sancionar, con hasta tres años de cárcel suspendida, a fiscales o jueces que filtren información reservada sobre investigaciones o procesos a terceros.
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En declaraciones a Canal N, el ministro explicó que estas filtraciones afectan el debido proceso, pero precisó que esto no afecta a la libertad de expresión, pues los periodistas siguen teniendo el derecho a no revelar sus fuentes de información.
“Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema que el código procesal penal que dice que la investigaciones es reservada. Es decir solo pueden tener acceso la partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto”, aseveró.
“Pero si el fiscal, el juez o la PNP, teniendo información reservada, dolosamente, la da a terceros, eso será un delito”, remarcó.
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“El sistema de justicia tiene que procurar que sus funcionarios reserven la información para que no se desnaturalice, los periodistas tienen sus propios medios, pero cuando se hace para obstruir la investigación, se tiene que establecer un mecanismo punitivo cuando esta información llega a manos de terceros”, dijo.
“La propuesta es de una pena suspendida, la propuesta es dos a tres años de pena suspendida. Porque si la investigación es reservada y se filtra, esto se altera todo el proceso de investigación y se afectan derechos fundamentales porque así se rotula a una persona como si fuera un delincuente y se viola la reserva”, manifestó.
Este proyecto se anuncia luego de que, semanas atrás, se revelara la transcripción de un audio entre Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
En la transcripción que recoge la conversación se aprecia que Villaverde habría entregado un soborno de S/100.000 al extitular del MTC Juan Silva de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata por S/232 millones. La autenticidad de este audio ha sido confirmada por el Ministerio Público.
