Informe final por denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación concluye que también se le debe investigar por tráfico de influencias y colusión. El mismo destino tendrían los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado
Informe final por denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación concluye que también se le debe investigar por tráfico de influencias y colusión. El mismo destino tendrían los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado

El vacado expresidente debe ser acusado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esta es la conclusión del informe de Diego Bazán (Avanza País) elaborado sobre la base de la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, , interpuso contra el cuando todavía estaba en el poder.

TE PUEDE INTERESAR | Entregan antipremio a Pedro Castillo por dar el “golpe de Estado más absurdo, corto y ridículo de la historia”

Bazán remitió el documento -al que accedió Correo- a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), grupo de trabajo que lo debatirá y votará mañana.

Si el informe se aprueba pasará al Pleno del Legislativo. De obtener luz verde en dicha instancia, dejará expedito el camino a la fiscal de la nación para seguir con el proceso.

MIRA ESTO | Juan Silva: exministro se fugó a Venezuela y recibe dinero para sus gastos personales

NO ESTÁ SOLO

El recluido , ahora inquilino del Penal de Barbadillo, habría incurrido en los mencionados delitos en tres de los casos que enfrenta: “Petroperú”, por la coima de 30 mil soles que se habría pagado para nombrar gerente general a ; “MTC-Provías Descentralizado”, por copamiento en dicho portafolio; y “Ministerio de Vivienda”, por el direccionamiento de obras.

El informe de Bazán también recomienda acusar al exministro de Transporte -prófugo desde junio último, cuando se dictó su detención preliminar- por delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, y delito contra la administración pública-colusión.

El extitular de Vivienda tampoco se salva, pues el documento concluye que se le debe denunciar también por organización criminal.