La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación interpuesta por la defensa de Pedro Castillo contra la resolución que declaró improcedente una solicitud de tutela de derechos, en investigación por organización criminal y otros.
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El recurso planteaba nulidad o dejar sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía como diligencias por organización criminal, tráfico de influencia con agravantes y colusión agravada en la investigación contra Castillo Terrones.
En noviembre de 2022, el Poder Judicial rechazó la tutela de derecho presentada por la defensa del presidente Pedro Castillo que pretendía anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación ante el Parlamento en contra del jefe de Estado.
En aquella ocasión lo determinó el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Tutela de Derechos.
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