La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Poder Judicial (PJ) que el expresidente Pedro Castillo, así como los exministros Juan Silva Villegas (MTC) y Geiner Alvarado (Vivienda) paguen una reparación civil a favor del Estado de 5′628,691.48 soles. El monto requerido corresponde a los casos Puente Tarata, Petroperú y corrupción en el Ministerio de Vivienda.
ESCRITO
El procurador general Daniel Soria envió un escrito al juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, para pedirle que la PGE se constituya como actor civil en el proceso judicial que alcanza a los personajes antes mencionados, investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias agravado.
De acuerdo con el documento al que accedió Correo, de la cantidad total de reparación civil solicitada, Castillo deberá pagar 1´600,000.00 soles, mientras que el prófugo Silva Villegas 300,000.00 soles.
Además, Castillo y Juan Silva deberán pagar, de manera solidaria, la cantidad de 1´000,000.00.
Al exmandatario también se le ha pedido el pago, de manera solidaria, de 2´728.691.48 soles junto a Geiner Alvarado, hoy con una orden de prisión.
La PGA indicó en el documento que las cantidades corresponden a la calidad y grado de intervención que habría tenido cada investigado.
Además, precisó que la reparación civil solicitada se trata de un monto inicial provisional, es decir, que la cantidad podría incrementarse conforme avance el proceso.
Cabe mencionar que la solicitud para que la PGE se constituya como actor civil tendrá que ser evaluado por el PJ en una audiencia.
LOS CASOS
El expresidente Castillo es investigado por presuntamente liderar una organización criminal, la misma que habría estado integrado por los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.
La función de la red habría sido ocupar diferentes cargos en el Estado para cometer actos de corrupción.
Uno de los primeros casos que involucra al exjefe de Estado es el denominado Petroperú. Y es que el exmandatario habría gestionado la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú, con la finalidad de direccionar un contrato millonario a favor de la empresa Hevaen Petroleum Operators S.A.
El segundo caso es el de Puente Tarata. El expresidente Castillo habría designado a Juan Silva como titular de Transportes y Comunicaciones para copar ilegalmente la cartera, de tal forma podría controlar y direccionar procedimientos de contratación pública, entre ellos, la licitación a favor del Consorcio Puente Tarata III.
Finalmente, está el caso de presunta corrupción en el Ministerio de Vivienda mediante la designación de Alvarado, para nombrar a funcionarios con intereses de la red criminal, lo que generó el direccionamiento de proyectos.
