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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso verá este miércoles 16 de noviembre la propuesta de informe de calificación de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo, el pasado 12 de octubre.
Según la agenda del grupo de trabajo, cuya sesión se iniciará a las 6:30 p.m., se dará a conocer el documento, que propone admitir a trámite la denuncia presentada por Benavides Vargas contra el mandatario y sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, en calidad de cómplices.
Como se recuerda, a Castillo Terrones se le imputa ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, agravada por su condición de líder de una estructura vertical, así como por tráfico de influencias agravado y colusión.
La denuncia también incluye a los exministros Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
La supuesta red criminal liderada por el mandatario operó, de acuerdo con la fiscalía, en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petroperú.
En el primer caso, la red encabezada por el jefe del Estado se encargó de copar puestos para facilitar el direccionamiento de contrataciones. Para el Ministerio Público, un indicio de ello es la publicación del Decreto de Urgencia 102-2021, norma que facilitó el financiamiento de obras en diferentes regiones que terminaron favoreciendo al grupo de asesores en la sombra del actual gobierno.
Respecto al MTC, la fiscalía sostiene que se incurrió en el delito de tráfico de influencias agravado. La figura es similar. Según la tesis fiscal, se designó a personal cercano a esta organización a fin de dirigir las licitaciones de Provías Descentralizado -órgano del MTC- como ocurrió en el Caso Puente Tarata, obra valorizada en S/232,5 millones adjudicada de forma irregular. El contrato fue anulado.
Sobre el Caso Petroperú, la presunta organización criminal se enquistó en esta compañía a través de Hugo Chávez Arévalo, designado gerente general de la compañía estatal a pedido del empresario Fermín Silva, amigo del presidente Castillo.
Según el Ministerio Público, el nombramiento se dio para direccionar contrataciones y favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., cuyo representante es Samir Abudayeh, una de las personas que acudió a la reunión en Palacio de Gobierno con el jefe del Estado, el gerente general de Petroperú Hugo Chávez y la colaboradora eficaz Karelim López, entre el 15 y 18 de octubre del año pasado.
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