La sentencia de 22 años al excongresista Michel Urtecho por ser un “mochasueldo” puso en alerta a los actuales legisladores que son investigados en el Congreso y la Fiscalía pues podrían recibir esa o incluso una condena superior si les incorporan, además de concusión, el delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el penalista Andy Carrión, hay suficientes bases para plantear su tipificación debido a que los recortes salariales también habrían generado que el patrimonio del legislador acusado se incremente de forma indebida.
“Concusión no se ocupa de los dineros. El delito de enriquecimiento ilícito, sí”, opinó.
Ahora bien, la sumatoria de ambas imputaciones y la incorporación de otros hechos dentro de la misma investigación fiscal podría conducir al Ministerio Público a plantear un pedido de hasta 24 años de cárcel contra los acusados.
No obstante, hasta el momento, todas las indagaciones abiertas de forma preliminar contra los “mochasueldos” no han incorporado el enriquecimiento ilícito.
“Me parecía extraño que la Fiscalía empiece a abrir únicamente investigaciones por concusión cuando claramente ya teníamos el caso de Urtecho, que nos señalaba en el juicio que también podría haber la posibilidad de imputar enriquecimiento”, agregó.
los Casos. Según Carrión, ese delito podría incorporarse en los casos de Heidy Juárez (Podemos), Katy Ugarte (Unidad y Diálogo), María Acuña (APP), Rosío Torres (APP), María Cordero, Hilda Portero (Acción Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Magaly Ruiz (APP) y -eventualmente- en el caso de Alejandro Soto, titular del Congreso.
La mayoría de ellos fueron acusados de solicitarle a sus trabajadores un porcentaje de su salario. Sin embargo, algunos fueron protegidos por la Comisión de Ética.
Por ejemplo, cuando la denuncia de Juárez llegó a ese grupo de trabajo, este terminó blindándola: su sanción de 120 días fue variada por una simple amonestación.
Lo mismo pasó con sus colegas Rosío Torres y Magaly Ruíz. No obstante, todas ellas son investigadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) en la que se espera que se les levante el fuero parlamentario para que la Fiscalía pase de indagación preliminar a preparatoria.
Por lo pronto, el resto de “mochasueldos” está investigado en la Comisión de Ética y esperan presentar en las siguientes fechas el informe final respectivo para que reciban o no una sanción.
Entre tanto, en la SAC también están Katy Ugarte, María Acuña y María Cordero.Fuentes congresales indicaron a este Diario que en la víspera se presentó una denuncia contra Jorge Flores Ancachi. Con él sumarían siete los que afrontan un proceso en esa mesa de trabajo (ver infografía).
análisis. Sobre el tema, al ser consultado sobre si creía que los legisladores serán blindados en esta nueva legislatura, el analista político Luis Benavente aseguró que todo parecería que sí sobre todo porque buscan protegerse entre el.
“No hay una voluntad. Podría ser un saludo a la bandera las investigaciones en el Congreso, pero no quiero anticiparme. El problema es que el Parlamento tiene antecedentes de blindaje”, dijo.
