Perú Libre presenta proyecto para extender “dedocracia”

“Basta de ver al Perú como una torta, acá no hay repartijas”.  Así se expresaba Pedro Castillo cuando era candidato, sin embargo, desde que asumió la presidencia, la designación de funcionarios se ha caracterizado por las falta de experiencia y/o cuestionamientos de los que son objeto.

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La falta de rigor para seleccionar a integrantes en diferentes sectores toma más fuerza con un proyecto que presentó la bancada oficialista de Perú Libre (PL), que tiene por objetivo que el nombramiento de los integrantes de los organismos reguladores ya  no sea por concurso público, sino mediante designación directa.

INICIATIVA

El 12 de agosto, la congresista Francis Paredes (PL) presentó el proyecto de ley “que democratiza y fortalece a los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos”.

De aprobarse, los miembros del Consejo Directivo de  diferentes organismos reguladores ya no pasarían por concurso público, sino que serán designados directamente por el gobierno.

Los organismos afectados serían: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Dos miembros serían designados por el premier, uno por el Ministerio de Economía, uno por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), uno a propuesta del sector al que pertenece la actividad económica regulada y dos miembros elegidos por asociaciones de consumidores y usuarios y por organizaciones no gubernamentales dedicadas a actividades de estudio, promoción, fiscalización o similar del servicio público objeto de regulación.

La iniciativa lleva las rúbricas de sus colegas de bancada Waldemar Cerrón, Víctor Cutipa, Jaime Quito Sarmiento, Guillermo Bermejo, María Taipe, Lucinda Vásquez, Margot Palacios y Jorge Coyla.

Cabe precisar que el proyecto oficialista busca modificar la Ley No. 27332, publicada en julio del 2000 y que establecía la designación directa. Sin embargo, a lo largo de los años se han realizado una serie de modificaciones a la ley, que establece ahora la convocatoria a concurso público.

Actualmente, se lanza una convocatoria con una serie de requisitos, posteriormente se pasa por una entrevista personal y se designa según los postulantes que consiguieron los puntajes más altos.

EN LAS MISMAS

La iniciativa de la bancada oficialista llega durante una serie de nombramientos cuestionados en diferentes carteras y cargos públicos (ver infografía).

Por ejemplo, entre las últimas, destacan José Luis Fernández Latorre, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y sobre quien pesan 30 sanciones disciplinarias;  el presidente de EsSalud Mario Carhuapoma, que tiene denuncias por violencia familiar y la más reciente, Julián Palacín Gutiérrez como presidente de Indecopi, que tiene como experiencia laboral haber trabajado únicamente en el estudio jurídico de su padre por muchos años.

Precisamente, tras esa última designación, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) presentó un proyecto para que Indecopi sea declarado un organismo autónomo a fin de evitar que los gobiernos de turno sigan nombrando a directivos no calificados.

La propuesta se enfoca en que los 5 integrantes del Consejo Directivo sean elegidos por concurso público de méritos por un período de 5 años.

La elección sería por un comité evaluador conformado por el defensor del Pueblo, el presidente del Congreso, el premier, el presidente del BCR y el contralor.

Además, propone que el Congreso pueda remover con el voto de dos tercios del número legal de sus miembros, a los integrantes del Consejo Directivo por falta grave.

ANÁLISIS

Para la abogada Mónica Yaya, la designación de las máximas autoridades de los mencionados organismos no solo debería ser mediante concurso público, sino que no deberían depender del poder político. “Lo que necesitan son técnicos”, afirmó.

En diálogo con Correo, la expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) recordó que los organismos reguladores tienen poder económico.

“Quien domina la economía, domina la política. Por lo tanto, si los altos funcionarios están designados por autoridades políticas, lamentablemente, esas autoridades pueden trasladar  a través de esos funcionarios intereses económicos ajenos a los funcionarios”, advirtió.

Yaya insistió en que los organismos reguladores deben tener imparcialidad y capacidad técnica, además de una alta especialización.

“Para ser imparciales, no pueden depender de una autoridad política. La Constitución señala que uno de los deberes del Estado es proteger al consumidor”, comentó.

DEFENSA

Tras las críticas por la designación de Julián Palacín Gutiérrez como presidente del Indecopi, su padre, Julián Palacín Fernández, salió en su defensa.

“Es el abogado número uno del Perú que ha defendido más casos de defensa al consumidor”, aseguró.

En declaraciones a RPP, Palacín Fernández, quien formó parte del equipo técnico de PL, calificó de especulaciones políticas los cuestionamientos en contra de su hijo.

“Ha facturado miles y miles de dólares a empresas nacionales e internacionales y a personas naturales que han sido víctimas de abusos a los derechos del consumidor y siempre con éxito profesional”, señaló el letrado.

Palacín reiteró que su hijo es un jurista que revisó “miles de casos” de consumidores perjudicados tanto en arbitrajes como en el Poder Judicial y el mismo Indecopi.

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