A puertas de la presentación de un plan nacional sobre seguridad ciudadana, el premier Ernesto Álvarez Miranda conversó con Correo sobre diversas materias como la lucha contra el crimen, Petroperú —a la que se destinó S/240 millones a fin de “reorganizarla” bajo ProInversión— y el Gabinete Ministerial. Dijo también que, de acuerdo a su percepción, Vladimir Cerrón no está en el Perú.
¿Cómo se gestó el decreto de urgencia sobre Petroperú? ¿Quién tomó la iniciativa?
Hasta donde tengo conocimiento, porque no participé de la primera reunión, la decisión se gestó entre el presidente José Jerí y la ministra de Economía (Denisse Miralles).
Ella le alcanza las cifras al presidente y le indica que será estrictamente necesario un nuevo desembolso, como en la época de Dina Boluarte, para salvar a Petroperú de sus obligaciones inmediatas. Y que eso significaba volver a depositarle y transferir dinero en los siguientes meses.
El presidente (…) preguntó si esto sería de forma indefinida. (Le respondieron que) sí porque Petroperú ya es insolvente. Allí es donde se convocan a otras personas y todas coincidieron en que Petroperú había llegado a una etapa de quiebra. Si Petroperú hubiese sido una empresa privada ya hace varios años hubiese quebrado.
¿A cuánto ascendía la suma que se debía desembolsar a Petroperú?
No tengo una cifra exacta, pero entiendo que era similar a la que tuvo que transferirle el Gobierno de Boluarte ($287.3 millones, en septiembre de 2025).
¿Fue este, entonces, el detonante de la emisión del decreto supremo?
Exacto. Hay proyectos que han quedado inconclusos porque no hay más dinero y el Estado se empeñó en hacer, no proyectos emblemáticos que beneficien a mucha población, sino pequeños proyectos de carácter local, más algunos que ya eran notoriamente inadecuados como la refinería de Talara.
¿Han evaluado propiciar una investigación tras el alto costo en la refinería?
No. Hasta el momento, hemos tratado de no judicializar la política. Entendemos que la refinería de Talara es obra de una decisión ideológica: fortalecer al máximo el control del Estado en el tema petróleo, sin estudios de factibilidad ni de mercado y sin cuidar ningún aspecto técnico.
Se decidió reformar y, prácticamente, implementar una refinería nueva con, se calcula, más de ocho mil millones de dólares que no tienen un retorno y no van a tener un retorno para el país (…). La decisión (sobre la refinería) nunca fue técnica sino ideológica.
Usted ha denunciado gollerías en Petroperú, ¿cuáles son?
El Ministerio de Economía (MEF) ha preparado una relación de lo que se ha denominado 80 gollerías. Estas conforman una cantidad superior al monto de la planilla (del personal) y han sido acumuladas en el transcurso de los quinquenios porque los sindicatos, que sabían perfectamente que la empresa estaba quebrada, negociaron con los directivos para mantener un estatus quo.
Y los directivos se aprovechaban también para beneficiarse. No tengo el detalle, pero se ha conversado sobre tarjetas, autos, colegios y pagos de escolaridad. Lo lógico en cualquier empresa (…) es eliminar los privilegios y establecer una política severa de austeridad. Eso es lo que Petroperú no ha hecho.
¿Hay una cifra estimada para el recorte de personal? Han trascendido números...
Son noticias equivocadas. Para no mantener divisiones políticas dentro de la empresa, se ha entregado el manejo a ProInversión. Allí se tiene que hacer una evaluación en 60 días, ya le quedan menos, y se harán recomendaciones. No se trata de que salgan 1000 o 500, eso tiene que ser fruto de un análisis eminentemente técnico.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostiene que esta decisión es legal, pero no legítima, ¿qué le responde?
En principio, la pregunta lógica: ¿Qué hubiera hecho él? ¿Hubiera seguido dando dinero de todos los peruanos a una empresa quebrada? (…)
No había alternativa: o se intervenía o el Gobierno, de manera irresponsable, hubiese tenido que entregar más dinero de los peruanos; dilapidarlo, porque ni siquiera es un salvataje, para que sobreviva tres meses más.
El Gobierno no pudo haber decidido que entregaba el problema, tal cual, al siguiente. No había esa opción.
¿A qué cree que responden las críticas del defensor del Pueblo?
A un tema ideológico (…). Es un exponente muy hábil de la izquierda. Él tiene la percepción bajo un filtro ideológico. Lo entiendo perfectamente, también hay un sector de derecha que nos ha criticado porque, de plano, no hemos liquidado Petroperú. Son apreciaciones sustentadas en ideología (…).
El Gobierno ha tratado de darle una oportunidad a Petroperú como empresa pública, pero sustentada en elementos técnicos. El tema se le ha encargado a ProInversión para que, con criterios y una lógica mejorada, se pueda salvar parte de la empresa, y al mismo tiempo garantizar los derechos de los trabajadores, que no tienen la culpa de la mala gestión, y la cadena de pagos.
Hay empresas medianas y pequeñas, sobre todo peruanas del norte del país, que están por quebrar porque Petroperú hace varios meses que no les paga.
¿Hay alguna otra decisión de esta magnitud, similar a la de Petroperú, que esté alistando el Gobierno?
En los próximos días debe presentarse el Plan Nacional de Seguridad, acompañado de los efectos legislativos, provenientes del Ministerio del Interior (Mininter) y del Ministerio de Justicia, especialmente (…). He escuchado al presidente en el sentido de que este plan debe salir antes del cierre del mes.
¿Qué medidas distintas a las del estado de emergencia traerá está hoja de ruta?
Es el resultado del aprendizaje y el estudio de los expertos en materia de seguridad. El presidente y el Gabinete asumen las tareas de Gobierno, prácticamente, cuando el caballo cruzó el río. No hubo oportunidad de redactar un plan ni de planificar opciones.
En materia de seguridad hay varios modelos, no se trata de recoger uno en particular, sino de adecuar elementos (de varios) a la realidad peruana (…) teniendo en cuenta que es imposible evitar que las bandas criminales no actúen en los próximos tres o cuatro meses.
Esa será una labor, esencialmente, del próximo Gobierno. Como ha graficado el presidente, nosotros iniciamos esta batalla, pero la guerra la tendrán que ganar los siguientes gobiernos.
Tras el estado de emergencia, ¿qué factores, han podido identificar, que entorpecen la lucha contra la delincuencia?
En principio, la extorsión es absolutamente diferente del crimen violento que había sido abordado, por ejemplo, con el subsistema de flagrancia. La extorsión, que es lo que aflige ahora a los peruanos, solo puede ser combatida con inteligencia policial. La Policía había sido desmantelada.
Los servicios de inteligencia policial habían sido no solo desfinanciados, sino que (agentes) habían sido retirados y enviados a provincia con otras funciones. Esta ola de criminal nos ha encontrado con una Policía desmoralizada y pocos mandos especializados en inteligencia.
Con un servicio de inteligencia del Mininter, que es diferente, también desmoralizado y descabezado sucesivamente, cuyos directores no pasaban de seis meses y cada uno llegaba con su propio equipo (…). Esa es una de las grandes dificultades que hemos encontrado.
¿Se ha desmantelado entonces, en gobiernos pasados, a la inteligencia de la Policía?
Sí, definitivamente. La Policía debería tener por lo menos un tercio de oficiales capacitados y especializados en investigación. No lo tienen porque capacitar a un efectivo en investigación policial demanda mucho dinero.
Lo más fácil es tener a policías sin especialidad, dispuestos a ir a una unidad operativa y, al año siguiente, a una de investigación.
Lo segundo, que es notorio, es que las pocas capacidades de investigación que tenía la Policía fueron dirigidas, por motivos políticos, contra adversarios políticos, empresarios y periodistas.
También hay críticas sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana…
El aprendizaje ha tenido, por supuesto, altibajos. Ha sufrido errores. La Policía se ha reunido con el Mininter, muchas veces con el presidente, para analizar cada uno de los errores y tratar de corregirlos.
Me parece muy injusto, con respecto al presidente Jerí, que ex directores de la PNP, exgenerales o incluso ex ministros del interior lo critiquen duramente cuando, en realidad, ellos debieron haber fortalecido la Policía y los servicios de inteligencia.
Desde el 2016 tuvieron la responsabilidad de anticiparse y prevenir, pero ahora critican duramente a quien está trabajando e intentando hacer bien las cosas.
¿Cuáles son, para usted, los avances del Gobierno hasta la fecha?
En principio, el Gobierno ya ha logrado un objetivo que es el de estabilizar la política. (…) Hoy en día nadie espera demasiados cambios y hay un clima propicio para realizar las elecciones generales. Eso de por sí es un logro. En la primera y segunda semana del Gobierno del presidente Jerí hubo actores políticos que intentaron censurarlo para generar más caos. El primer objetivo, que es estabilidad política, se ha logrado.
En este momento estamos librando también una batalla, conjuntamente con el MEF, para tratar de generar estabilidad económica. Y tratar de que se respete aún dentro de la coyuntura política, que le otorga un gran poder a las bancadas del Parlamento, el precepto fundamental de la Constitución que no es de orden político, es el mandato de un presupuesto equilibrado.
¿Habrá cambios en el Gabinete?
No hemos conversado sobre ningún cambio. No hay un ministro que haya cometido un error puntual o grave, y nunca se habló de la posibilidad de cambiar ministros en este momento. Obviamente, estamos sujetos a una evaluación permanente.
¿Este Gobierno capturará a Vladimir Cerrón?
Entiendo que el señor Vladimir Cerrón no está en Perú. Se han hecho las exhortaciones al ministro del Interior, al comandante general de la Policía y entiendo que ellos han tratado, en diversas ocasiones, de encontrar su ubicación y proceder a su captura.
Pero al no haberlo hecho, a pesar de las indicaciones y otros, entendemos que esta persona no solo está convenientemente resguardada, sino que podría no encontrarse en el país. No tengo mayor información.
De otro lado, ¿el Perú ya inició algún contacto con la dictadura chavista para liberar a los dos peruanos detenidos?
Entiendo que sí, pero las gestiones, por el momento, son de bajo nivel porque son casos puntuales. A nivel de cancillerías, todavía no hay una apertura porque se está a la espera de que Estados Unidos defina las condiciones por las cuales va a mantener cierto nivel de intervención política y comercial en Venezuela (…).
La Cancillería peruana tiene que ser muy prudente porque en cualquier momento podría haber un retroceso y una segunda intervención militar.
¿Cómo van las coordinaciones para que el Perú sea de EEUU un aliado no miembro de la OTAN?
Están en un nivel óptimo. El canciller tuvo ya una visita en Washington. El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, posiblemente venga al Perú. Ya está por colocarse una fecha, de pronto ya existe una fecha (gestionada por Cancillería). La ruta es esa.
El presidente ha tenido conversaciones telefónicas con él, asistido por el canciller, y es uno de los objetivos más importantes del Perú.
El Gobierno está convencido de que necesita ser aliado de EE.UU. porque se requiere una gran cantidad de inversión y cerrar las brechas tecnológicas, y no lo vamos a poder hacer con los actuales recursos del país. El Perú tiene que ser un aliado estratégico de EE.UU. porque eso nos beneficia comercial y tecnológicamente.
