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El último fin de semana la crisis en Petroperú por la pérdida de credibilidad de su gobierno corporativo generó un conflicto sin precedentes entre los ministerios de Economía y Finanzas y Energía y Minas. La renuncia del gerente general de la empresa estatal, Hugo Chávez Arévalo, tampoco parece calmar las aguas.
Petroperú atraviesa una crisis por la falta de auditoría de sus estados financieros, la deuda de la empresa y el escándalo vinculado a una licitación de biodiesel. Estos han generado duras consecuencias para la compañía, como la rebaja de su calificación por parte de Standard & Poor’s Global Ratigs (S&P) y Fitch Ratings.
Caso Samir Abudayeh
El 30 de diciembre del 2021, en la última sesión del directorio de Petroperú del año, donde participó Chávez Arévalo, se decidió separar de la institución a Zenaida Calderón Anticona, quien hasta entonces era la gerente corporativa de Cumplimento de la institución.
Nueve días antes, la auditora había advertido en un informe que no se respetaron los procedimientos en la licitación que ganó Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh.
Abudayeh había sostenido reuniones con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el 15 y 18 de octubre. Precisamente, después de estas citas, HPO obtuvo un contrato para la venta de 280 mil barriles de biodiésel a Petro-Perú por US$74 millones.
Por este hecho, la fiscal anticorrupción Norah Córdova inició una investigación preliminar contra el empresario, Hugo Chávez Arévalo, entre otros, por presunta colusión y negociación incompatible.
La exgerente corporativa de Cumplimiento de la empresa estatal ratificó que se dieron irregularidades, que fueron advertidas en un expediente de control que ella expuso ante el directorio el 22 de diciembre. Según su informe, no se cumplieron los procedimientos que Petroperú tiene aprobados para este tipo de procesos.
Por ello, desde el Congreso hubo voces desde Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú y Somos Perú exigiendo la salida de Hugo Chávez Arévalo. Sin embargo, este se mantuvo en el cargo hasta el 20 de marzo.
Estados financieros y PwC
Todos los años Petroperú debe presentar una auditoría de sus estados financieros, el cual debe mostrar a sus acreedores. Este año la consultora elegida fue PwC; sin embargo, a raíz del escándalo y la nueva administración de la estatal, la compañía se negó a firmar el contrato.
PwC afirmó que no realizaría la auditoría por no encontrarse de acuerdo con la designación de Fernando de la Torre como gerente de Finanzas, ni de Álvaro Torres como contador general. Otro motivo fue que la estatal exigía una cláusula de confidencialidad sin límite de tiempo, en lugar de los dos años que planteaba la auditora.
Petroperú amenazó con demandar a PwC por negarse a hacer la auditoría
Reducen la calificación de Petroperú
Las calificadoras de riesgo Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) y Fitch Ratings redujeron su calificación.
En el caso de S&P disminuyó su rating de deudas de largo plazo desde BBB- a BB+, lo que se conoce como ‘basura’, y pierde su grado de inverión. Por su parte, Fitch bajó las calificaciones Issuer Default Ratings (IDR) en moneda local y exntrajera, y sus notas senior no garantizadas, desde BBB a BBB-.
“Las revisiones y observación negativa reflejan la falta de transparencia financiera de la empresa y la gobernanza debilitada, como lo demuestra el retraso significativo en la auditoría financiera de fin de año del 2021 de la empresa”, explicó Fitch.
Junta de accionistas
Después de la rebaja por parte de las agencias calificadoras, Petroperú aseguró que tendrá listos los estados financieros auditados en agosto de este año, cuando la fecha original del informe era el 31 de mayo.
De la Torre afirmó que ya habló con los bonistas y acreedores de la estatal para que acepten la entrega tardía de los informes financieros.
Ante estos hechos, el miércoles 16 de marzo se celebró una junta general de accionistas (JGA) de Petroperú en donde se adoptaron tres acuerdos:
- Manifestar la preocupación por la situación financiera de Petroperú.
- Solicitar al directorio que presente a la junta de accionistas los informes técnicos, económicos y jurídicos sobre la auditoría de los citados estados financieros. También informes sobre los impactos en la rebaja de la calificación crediticia, y el estado de la situación de deudas.
- Exhortar a la administración para que tome las medidas necesarias para cautelar los intereses de Petroperú.
Polémica entre el MEF y el Minem
El día siguiente, la JGA, conformada por los ministerios de Energía y Minas (Minem) y de Economía y Finanzas (MEF), emitió un comunicado donde expresó su respaldo al directorio de la empresa. No obstante, horas después fue eliminado.
El MEF emitió una respuesta, señalando que no respaldan al directorio de Petroperú, y que envió oficios el 1 y 11 de marzo para convocar a una JGA con carácter de urgencia en donde se discutan los problemas de la petrolera.
Por su parte, el Minem, en calidad de accionista mayoritario, reafirmó el respaldo a Petroperú, y aseguró que la junta se convocó a pedido de esta cartera, pese a que su oficio fue remitido el 15 de marzo. Además, apuntó que los acuerdos informados por el MEF no tienen validez, pues no se habría firmado ningún acta.
