El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo, con el que busca revertir la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión impuesta por el presunto delito de conspiración para rebelión, en el marco del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
A través de una resolución emitida el pasado 29 de diciembre, a la que accedió RPP, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió “conceder” el recurso presentado por la defensa legal del exmandatario el 16 de diciembre, al concluir que cumplía con los requisitos objetivos, subjetivos y formales previstos en el Código Procesal Penal para su admisión.
La defensa legal del exjefe de Estado plantea como argumento central la revocatoria de la sentencia condenatoria emitida por dicho tribunal supremo el pasado 4 de diciembre y solicita la absolución de su patrocinado, al sostener la atipicidad de la conducta imputada (la ausencia de los elementos estructurales del tipo penal, la inexistencia de conspiración por falta de idoneidad del procedimiento y la carencia de pruebas sobre un pacto).
Asimismo, la defensa legal del expresidente solicita la nulidad del juicio oral al alegar vicios insubsanables en la motivación (contradicción lógica), así como la vulneración del principio de congruencia (mutación fáctica) y violaciones al debido proceso (juez natural y falta de acusación constitucional).
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema también declaró admisible el recurso de apelación interpuesto por Betssy Chávez, a través de su defensa legal, el pasado 17 de diciembre, con el objetivo de revertir la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que se le impuso como presunta coautora del delito de conspiración para rebelión y obtener su absolución, al alegar la vulneración del principio de motivación de las resoluciones judiciales, así como de la presunción de inocencia y los principios de lesividad y legalidad penal.
El tribunal supremo también decidió “conceder” los recursos de apelación presentados el 16 de diciembre por el exministro del Interior, Willy Huerta, y el exasesor Aníbal Torres, con los que buscan la revocatoria de las condenas de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión y de seis años y ocho meses de cárcel, respectivamente, impuestas por dicho colegiado por el mismo delito. De manera alternativa, solicitaron la nulidad de las sentencias condenatorias y su absolución frente a la acusación formulada por la Fiscalía en este proceso penal.
La sala suprema también decidió “conceder” el recurso de apelación interpuesto el 16 de diciembre por la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, mediante el cual solicita la anulación de la sentencia absolutoria emitida a favor del jefe policial Manuel Lozada y que, al reformarse dicho fallo, se le imponga una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, como presunto coautor del delito de conspiración para rebelión en este caso.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó remitir todos estos recursos de apelación a la Sala Penal Permanente del máximo tribunal, instancia que, de declararlos “bien concedidos”, deberá programar una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales, a fin de emitir una decisión definitiva sobre la situación legal de los involucrados en este proceso penal.
