El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza contra la inhabilitación de 10 años para ejercer funciones en la administración pública que le impuso el Congreso de la República a inicios de diciembre pasado.
Según la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la audiencia para ambas partes quedó programada para el 9 de marzo de 2026.
Desde el inicio del procedimiento constitucional en el Legislativo, la también suspendida fiscal suprema denunció en todo momento “represalias” por parte de un sector de parlamentarios, quienes, según su versión, actuaron de esa manera debido a las más de 30 denuncias constitucionales que ella presentó durante su gestión, presuntamente vinculadas a casos de corrupción.
En ese sentido, afirmó que su hipótesis se confirma también por el hecho de no haber acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordenaba la reposición de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público en junio pasado.
Frente a la acusación de vulneración de sus atribuciones, la abogada acudió al Poder Judicial antes de Navidad para hacer valer sus derechos fundamentales, con el objetivo de regresar a la Fiscalía de la Nación como titular de la institución y retomar su cargo de fiscal suprema titular.
Delia Espinoza tras su inhabilitación: “Congreso actuó dictatorialmente y obedece a intereses personales”
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, defendió su gestión ante la Comisión Permanente del Congreso, criticando la segunda denuncia constitucional (563 y 618) presentada por Kira Alcarraz y José Cueto, que finalmente prosperó y la Comisión Permanente la inhabilitó por 10 años.
Como se recuerda, Delia Espinoza abrió una investigación contra 11 congresistas debido a que los legisladores aprobaron una doble remuneración como parlamentarios y pensiones exmilitares.
Calificó a las acciones constitucionales como parte de una “persecución política” en su contra, y acusó al Congreso de actuar con despotismo y decisiones personales, sin argumentos jurídicos, configurando una “dictadura congresal”.
“Si bien tienen la atribución constitucional de llevar adelante el antejuicio y juicio político, reitero que tiene que ser con argumentos jurídicos, porque de lo contrario se sigue plasmando una dictadura congresal con un Estado tiránico, despótico y que solamente obedece a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo”, aseveró Espinoza ante la Comisión Permanente.
Delia Espinoza señaló que la norma benefició a un grupo reducido de congresistas y terceros, ignorando la miseria de muchos pensionistas peruanos, y reiteró que solo cumplió su labor fiscalizadora.
El informe final, sustentado por Jorge Montoya, imputa a Espinoza delitos de abuso de autoridad y prevaricato por vulnerar el artículo 93 constitucional, que protege opiniones y votos legislativos. Se le acusa de extralimitación al perseguir actos parlamentarios como la aprobación de dictamen sobre pensiones en FF.AA. y PNP, menoscabando la independencia de poderes.
