El Poder Judicial ordenó la libertad de la empresaria Sada Goray luego de evaluar el recurso de casación interpuesto por su defensa.
Esta medida implica la revocación de la prisión preventiva de 30 meses que enfrentaba la empresaria y la implementación de un nuevo mandato de comparecencia con restricciones y reglas de conducta.
Goray estaba involucrada en un caso relacionado con presuntas coimas vinculadas al Fondo Mi Vivienda. Durante el proceso judicial, admitió parcialmente su responsabilidad en los hechos investigados, lo que fue un punto crucial en la evaluación del tribunal.
La Fiscalía había solicitado inicialmente una prisión preventiva de 30 meses, argumentando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Sin embargo, la defensa de Goray presentó una serie de evidencias que fueron determinantes para cambiar el rumbo del caso.
El tribunal analizó minuciosamente las pruebas aportadas por la defensa, que incluían testimonios, documentos y otros elementos que demostraban que la empresaria no representaba un peligro para el proceso judicial si se encontraba en libertad.
Tras una evaluación exhaustiva, se decidió concederle la libertad, aunque bajo ciertas restricciones. Entre estas, se destaca la prohibición de salir del país por 36 meses, una medida destinada a asegurar su presencia en futuras diligencias judiciales y evitar cualquier intento de fuga.
Esta decisión del Poder Judicial no es un caso aislado. Recientemente, en el caso del periodista Mauricio Fernandina, se adoptó una medida similar, otorgándole la libertad bajo condiciones restrictivas.
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