Antes del cierre de legislatura, el Congreso aprobó varias normas polémicas en el mes de diciembre -la mayoría en su última semana- que esconden un trasfondo político o aparentes intereses particulares.
Expertos consultados por Correo coinciden en que la mayoría de esas iniciativas no van a resolver las necesidades urgente de la población y menos va a ayudar a superar los graves problemas del país.
Es importante indicar que el Congreso tiene un 7% de aprobación y un 88% de rechazo, según la última encuesta de Datum.
festín de leyes. Una de estas normas fue el nombramiento automático de docentes interinos que se vio al inicio de este mes. Allí se había planteado una reconsideración para variar el resultado de la votación que permitió facilitar el ingreso directo de docentes.
No obstante, esta fue rechazada con 71 votos en contra y en consecuencia se ratificó la norma. Con ello, alrededor de 14 mil profesores serán nombrados de forma automática, sin el requisito de un examen y haciendo trizas la meritocracia.
Otra norma fue la extensión del bachillerato automático hasta el 31 de marzo del 2024. La ley obtuvo el respaldo de 104 legisladores y buscó ampliar el plazo normativo para la obtención del primer grado académico que vencía en diciembre de 2023.
Antes, el Ejecutivo había cuestionado esa medida porque consideró que eliminar el requisito de aprobar un trabajo de investigación para alcanzar el grado va en contra de la Constitución y los fines de la educación universitaria.
HAY MUCHO MÁS.
En este conteo también se encuentra la norma que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta se sometió al voto después de un debate escueto e incluso sin haber estado agendada en la sesión plenaria.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha cuestionado las modificaciones porque alegan que son un retroceso en la gobernanza de los bosques ya que vulnera derechos de los pueblos originarios y poblaciones locales.
Se cuestiona que la normativa beneficia a ciertos grupos de poder y favorece a las actividades ilícitas como la tala y la minería no regulada.
En esta lista de peligrosas normas aprobadas por el pleno también se encuentra la ley que limita la colaboración eficaz, la cual ha servido a la Fiscalía para combatir redes criminales dedicadas a cometer distintos delitos. Esta fue aprobada por insistencia el jueves por la noche.
Para entonces, ya existía la observación del propio Ejecutivo y algunas oposiciones del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado.
En resumen, la norma establece un plazo de 8 meses desde que se inicia el proceso de colaboración para la corroboración de información. Esto puede extenderse por 4 meses en casos simples y en otros 8 meses, para crimen organizado.
Como se sabe, actualmente no se establece un plazo fijo para la corroboración.
A LA MEDIDA.
El último jueves, el Legislativo también aprobó -en primera votación- modificar una serie de artículos de la Ley de Organizaciones Políticas para permitir que los partidos, sin participación real ciudadana, elijan sus listas de candidatos congresales o presidenciales mediante afiliados o delegados.
Con ello se eliminaron las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que facultan a cualquier ciudadano a ejercer su derecho al voto en alguna organización política sin ser su militante.
Por último, está también la ley que busca crear una Comisión de Alto Nivel que proponga reformas en el sistema interamericano. El aparente propósito de ese grupo sería retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se dispone que esa comisión sea presidida por el canciller y esté integrada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, también está la moción para conformar una comisión de alto nivel multipartidaria para que, en un plazo de 45 días, formule un plan a fin de reformar integralmente el sistema de administración de justicia en el Poder Judicial, la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia.
Por si fuera poco, el Congreso terminó la legislatura vapuleado por la aprobación de un polémico aguinaldo navideño de 1 700 soles en la modalidad de tarjetas electrónicas de consumo.
Como sabemos, en aquella fecha se entregó una bonificación extraordinaria a los trabajadores del Poder Legislativo por 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el cual asciende a 9 900 soles.
EL CONGRESO EN EL DIVÁN.
¿Qué deja este último año del Congreso? ¿Qué se puede esperar de este poder del Estado en 2024? El analista político Omar Awapara consideró que las leyes que se promulgan en el Congreso obedecen a intereses específicos y particulares.
Indicó que existen bancadas que están ligadas a sectores económicos que podrían explicar la tendencia del apoyo a las polémicas leyes.
“Hay una tendencia en el Congreso para defender ciertos intereses y protegerse a sí mismos”, indicó a Correo.
Agregó que todo ello lo hemos visto en la elección del defensor del pueblo, en la elección de miembros del Tribunal Constitucional e incluso en la Ley Forestal y la colaboración eficaz.
Opinó que este tipo de situaciones no favorecen en lo absoluto a la ciudadanía.
“Existen intereses particulares de congresistas”, insistió.
En el mismo sentido opinó Alejandro Rospigliosi, experto parlamentario y abogado constitucionalista.
“La ley de colaboración eficaz, el archivamieno de elecciones generales, la eliminación de las PASO son decisiones desacertadas, antitécnicas e inadecuadas para el país”, indicó.
Añadió que “el Congreso no ha aportado normas para el reactivamiento de la economía. Convengo en que el primer paso es fiscalizar y hacer el control político, interpelar y censurar al ministro de Economía, y no lo ha hecho”.
Por su parte, Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, cuestionó así al Parlamento. “El Congreso elimina las PASO. Las consecuencias son nefastas, pero no es la única medida negativa. En estos días, el avasallamiento institucional, la violación de normas y el daño al sistema democrático es incalculable”.
Luego consideró que el Congreso, dirigido por una coalición de extrema derecha y una izquierda conservadora, “hace todo y el gobierno no hace nada. Dina Boluarte se hace de costado y es una mera espectadora”.
