El Poder Judicial desestimó la solicitud de tutela de derechos presentada por el expresidente Pedro Castillo, la cual buscaba archivar el proceso penal relacionado con el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y garantizar su liberación inmediata.
MIRA: Presidente de ATU renuncia tras revelarse que afronta una denuncia por haber favorecido a una empresa durante gobierno de Vizcarra
El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó la solicitud de tutela de derechos presentada por el expresidente Pedro Castillo. Este argumentaba la presunta violación de sus derechos al debido proceso y presunción de inocencia durante su detención por el delito de rebelión. Además, desestimó las objeciones del exmandatario respecto al acta de intervención policial y su petición de sobreseimiento para ser liberado de inmediato.
El 14 de diciembre de 2023, la defensa legal de Castillo Terrones presentó una solicitud de tutela de derechos, cuestionando la intervención policial en flagrancia de su representado por el golpe de Estado. Argumenta que no se le informaron debidamente los hechos y delitos atribuidos.
Posteriormente, se registró en el acta correspondiente que su detención se realizó por orden superior, siendo trasladado a la sede de la Región Policial de la avenida España en el Cercado de Lima. En este lugar se redactó el documento sin informarle de manera inmediata y comprensible los cargos formulados en su contra.
No obstante, el 2 de febrero, el juez supremo Checkley determinó la improcedencia de la tutela de derechos al señalar que nuestro sistema procesal contempla vías específicas para presentar solicitudes de sobreseimiento o archivo de una causa, así como para la finalización de la prisión preventiva. Además, indicó que los argumentos esgrimidos como fundamento ya habían sido presentados anteriormente de manera reiterada y ya habían sido descartados.
Como se sabe, el exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, Lima, por su presunta participación en el golpe de Estado. Precisamente por este hecho, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se le imponga una pena de 34 años de prisión.
TE PUEDE INTERESAR
- Aprueban cese inmediato de docentes cuyas ideologías no concuerden con la Constitución
- Ministro de Transportes no se presentó ante el Congreso para responder por cancelación y retraso de vuelos
- Expresidente Vizcarra es denunciado en el Congreso por liderar red criminal
