La Tercera Sala Constitucional de Lima confirmó la resolución que declaró improcedente una medida cautelar presentada a favor del excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Con esta decisión, el proceso que afronta por presunto falseamiento de información sobre aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continuará su trámite.
El recurso buscaba dejar sin efecto, de manera provisional, la acusación fiscal y la diligencia de control de acusación programada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima para el 27 de mayo. La solicitud fue presentada por el ciudadano Tomás Alberto Soldevilla Guerra mientras se resolvía el proceso principal.
Al analizar la apelación, la sala concluyó que el pedido no tenía sustento dentro del marco legal aplicable al proceso de hábeas corpus. En ese sentido, precisó que “en el caso concreto, la parte apelante pretende que este órgano jurisdiccional realice un control sobre actos fiscales mediante una medida cautelar que, por mandato legal expreso del artículo 18° del Código Procesal Constitucional, no se encuentra prevista para el proceso de hábeas corpus”.
Los magistrados también señalaron que la legislación no contempla la posibilidad de conceder la medida solicitada en este tipo de procesos. Por ello, indicaron que “al no existir un marco normativo que habilite la vía cautelar solicitada, el pedido cautelar debe ser desestimado, careciendo de objeto efectuar un análisis sobre el cumplimiento de los presupuestos procesales para la concesión de la medida cautelar solicitada”.
Tribunal ratificó la improcedencia del pedido
La sala sostuvo que no corresponde activar una medida cautelar dentro de un proceso constitucional cuando la norma no prevé ese mecanismo. En consecuencia, confirmó la resolución apelada y mantuvo la improcedencia de la solicitud presentada en favor de Roberto Sánchez.
De manera paralela, el exaspirante presidencial también intentó retrotraer el proceso penal mediante un recurso de nulidad. Con dicho pedido buscaba que el caso regresara a la etapa de control de acusación al alegar un presunto vicio procesal atribuido al juez Adolfo Farfán, titular del 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.
Sin embargo, ese recurso también fue rechazado por el Poder Judicial. De esta manera, el proceso penal contra Roberto Sánchez continúa conforme a las etapas previstas por la legislación vigente.
Como se recuerda, el exministro es investigado por los presuntos delitos de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, además de falsa declaración en procedimientos administrativos. En este caso, la Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.
