Poder Judicial evaluará el 6 de mayo pedido de Delia Espinoza para archivar investigación en su contra. Composición: Diario Correo.
Poder Judicial evaluará el 6 de mayo pedido de Delia Espinoza para archivar investigación en su contra. Composición: Diario Correo.

El despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley programó para el miércoles 6 de mayo una audiencia virtual en la que se evaluará un recurso legal presentado por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela. Según información a la que accedió RPP, la diligencia fijada para las 11 de la mañana, contará con la participación de todas las partes procesales involucradas en la carpeta fiscal.

Espinoza Valenzuela recurrió al Poder Judicial para solicitar el archivo de la investigación preparatoria que afronta en el Ministerio Público. Para ello presentó una excepción de improcedencia de acción, mecanismo procesal mediante el cual argumenta que los hechos que se le imputan no constituyen delito ni son justiciables penalmente, bajo el criterio de atipicidad relativa a su favor.

La solicitud se sustenta en el artículo 6, numeral 1, literal b) del Código Procesal Penal. A través de ese fundamento legal, la actual decana del Colegio de Abogados de Lima pide que se declare fundada la excepción deducida.

La investigación gira en torno a la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, documento que habría habilitado a los fiscales para realizar directamente la investigación preliminar del delito. La exfuncionaria sostiene que ese reglamento nunca contó con su firma ni con su aprobación.

Respecto a su participación en dicho documento, Espinoza Valenzuela señaló que nunca firmó ni aprobó el reglamento materia de investigación.

¿Qué delitos se le atribuyen?

La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra Delia Espinoza el 15 de diciembre del 2025. Los cargos incluyen abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y presunta instigación al delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.

Según la tesis fiscal, durante octubre de 2024, en su condición de fiscal suprema e integrante de la Junta de Fiscales Supremos, habría participado en la elaboración de un reglamento que contraviene la Ley N.° 32130, norma que reserva la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional del Perú.

El proceso penal contra Espinoza Valenzuela tomó impulso institucional el 3 de diciembre del 2025, cuando el Pleno del Congreso aprobó por mayoría calificada el proyecto de Resolución Legislativa N.° 13440/2025-CR. Mediante esa resolución, el Parlamento declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra en su condición de fiscal suprema.

Además del respaldo a la investigación penal, la representación nacional dispuso la inhabilitación de Espinoza por diez años en el ejercicio de la función pública. Esa medida se sustenta en una supuesta infracción constitucional vinculada al mismo caso.

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