La máxima instancia del sistema judicial peruano prepara una propuesta legislativa que permitirá a las administraciones regionales y municipales financiar permanentemente proyectos destinados a mejorar la infraestructura del servicio de justicia en todo el país.
La presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello Gilardi, reveló esta iniciativa durante una reunión sin precedentes que congregó a autoridades judiciales y políticas de diversos niveles de gobierno.
El I Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales y Municipales para Fortalecer el Sistema de Justicia marcó un hito en las relaciones interinstitucionales del país. Por primera vez, magistrados de la Corte Suprema se sentaron a dialogar directamente con gobernadores regionales y alcaldes de múltiples corrientes políticas.
El objetivo central de esta convocatoria fue establecer compromisos concretos y vinculantes orientados a cerrar las brechas que afectan la administración de justicia en las distintas regiones del territorio nacional.
Inversión con múltiples beneficios
La presidenta del Poder Judicial enfatizó que destinar recursos públicos a la construcción y mejoramiento de instalaciones judiciales genera impactos positivos que trascienden el ámbito jurídico.
“Cuando un gobierno regional o local invierte en infraestructura judicial es un dos más dos que fortalece la seguridad ciudadana, combate a la criminalidad, genera confianza institucional, impulsa el desarrollo local y, por supuesto, garantiza la tutela jurisdiccional efectiva”, declaró Tello Gilardi.
Según la magistrada, existe una relación directa entre la calidad de las instalaciones judiciales y la capacidad del Estado para responder efectivamente ante la delincuencia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Complemento a ley vigente
La propuesta del Poder Judicial busca extender sin límite temporal lo que actualmente establece la Ley 32513 del Presupuesto del Sector Público. Esta norma faculta a los gobiernos subnacionales para intervenir en favor del aparato judicial, pero únicamente durante el ejercicio fiscal 2026.
La ley actual permite que regiones y municipios participen desde la fase de diseño de proyectos hasta el financiamiento y construcción física de infraestructura destinada a la administración de justicia. Sin embargo, esta autorización expira al finalizar el presente año.
La iniciativa que prepara la Sala Plena convertiría esta facultad temporal en una herramienta permanente de política pública, institucionalizando la colaboración entre el Poder Judicial y los gobiernos territoriales.
