La situación legal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto parece complicarse. Ayer, pasó a la condición de investigado y al promediar las 5:50 a.m., un equipo de la Fiscalía y otro policial allanaron doce inmuebles en el marco del megaoperativo “Los italianos 2026”.
Las autoridades investigan a altos funcionarios de la ONPE, entre otros, por la presunta contratación irregular de la empresa Gálaga para trasladar el material electoral el domingo 12 de abril. Una tarea que se cumplió con retrasos y postergaciones.
En detalle
Además de Corvetto, la Fiscalía Anticorrupción también investiga a José Samamé, exgerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang, subgerente de Producción Electoral; y Juan Alvarado, representante legal de Gálaga. Todos, funcionarios de la ONPE.
Todos son investigados por presunta colusión en agravio del Estado “vinculada a posibles irregularidades en procesos de contratación” de la empresa en mención.
El operativo de allanamiento e incautación de laptops, celulares y otros estuvo a cargo del fiscal Raúl Martínez y agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor).
Los doce inmuebles intervenidos se ubican en los distritos de Miraflores, Lince, San Miguel, Magdalena, Breña, Lurín, La Molina y Surquillo.
Fueron casi seis horas de diligencias respaldadas por la orden del juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo (Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado).
Según la Fiscalía, los investigados “habrían concertado indebidamente con un proveedor (Gálaga) con la finalidad de defraudar al Estado”. En consecuencia, se “afectó la legalidad del proceso de contratación” citado y, de forma “adicional”, se perjudicó “el normal desarrollo del acto electoral y la voluntad popular”.
“Los actos desplegados por los funcionarios desde la aprobación del lineamiento, y los intervinientes, evidencian un apartamiento deliberado de los principios rectores de la contratación pública de legalidad y eficacia (…), constituyendo el marco normativo (usado para contratar a Gálaga) un contexto instrumental para la materialización de la concertación ilícita”, sostuvo la Fiscalía en su solicitud de allanamiento difundida por Canal N.
En esa línea, la Fiscalía también cuestionó que Corvetto decidiera colocar a Samamé a cargo de la Gestión Electoral pese a que este último “no cuenta con formación, trayectoria ni experiencia funcional vinculada” a esta área operativa.
Además, aseveró que se “aplicó un criterio interpretativo” en relación a los requisitos que debía cumplir la empresa ganadora. Así, se “redujo la cantidad de unidades” de los competidores mientras que a Gálaga “se le reconoció una flota de 70 vehículos, consolidando así su posición de ventaja antes de la evaluación de la oferta económica”. Una situación que las otras empresas competidoras no podían impugnar debido a que la ley no lo permite hoy a diferencia de la normativa usada en los comicios del 2016 y 2021.
