La denuncia sobre abusos sexuales contra 524 niñas de la etnia amazónica Awajún en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), causó sobresalto en el Gobierno porque, entre otras razones, ocurrieron en escuelas del Estado e imputa a profesores contratados por el Ministerio de Educación.
Aunque la cifra corresponde a casos ocurridos en la última década, según el Consejo de Mujeres Awajún que preside la profesora Rosemary Pioc, las autoridades de la UGEL Condorcanqui 302 sólo sancionaron tibiamente al 20% de los maestros responsables.
Las reacciones del ministro de Educación, Morgan Quero; y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, solo agravaron el escándalo al catalogar los hechos como supuestas “prácticas culturales” ancestrales.
PREMIER
Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, presionado por el escalamiento del tema y se involucró en el asunto.
Anunció a la prensa extranjera que el Ejecutivo ha dispuesto una exhaustiva investigación en el lugar de los abusos.
“Se tienen que investigar los hechos; vamos a estar con las víctimas. Rechazamos toda forma de abuso sexual”, dijo en declaraciones a la prensa.
“Las víctimas tendrán que recibir atención integral de salud a nivel psicológico por si han sido contagiadas por el virus del VIH”, agregó.
“Nuestras obligaciones como Estado democrático no permiten ni justifican este delito”, puntualizó.
La nación Awajún, también conocida como Aguaruna, representa el segundo pueblo indígena u originario amazónico demográficamente más numeroso del Perú, después de los Ashaninka, de acuerdo con estudios antropológicos.
