El premier Alberto Otárola puede ser pasible de delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible si se comprueba que hizo ganar a Yaziré Pinedo -su supuesta expareja- órdenes de servicios en el Ministerio de Defensa (Mindef) por S/53 mil.
Penalistas consultados por Correo han asegurado que, con esas imputaciones, la Fiscalía podría solicitar 12 años de prisión contra el aún primer ministro, incluso con la posibilidad de adicionar otro: colusión desleal.
Los expertos consideraron que el audio revelado hace dos noches por Panorama (ver páginas 2-3) refuerzan y confirman la denuncia de que Otárola favoreció a personas allegadas cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa.
Análisis. El abogado penalista Andy Carrión explicó que con el reciente audio -donde Otárola llama “amor” y pide su currículum vitae a Pinedo- ya se tendría una prueba directa del caso.
“Con ese material se puede imputar delitos de tráfico de influencias y también negociación incompatible, pero también manejar alternativamente el de colusión desleal”, dijo a este diario.
“No solo le correspondería a Otárola sino también a la persona que es interlocutora”, acotó el especialista.
Su colega Mario Amoretti opinó en el mismo sentido. Vio la incurrencia de los mismos delitos en el caso. “Pudo hacer que la nombren empleada del Ministerio de Defensa y lógicamente que pudo haber existido una cuestión incluso de carácter sexual”, dijo.
Añadió que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, puede formalizar una denuncia o, de plano, la Fiscalía, puede decidir que se amplíe la investigación que ya existe al interior del Ministerio Público sobre Otárola.
Amoretti hizo mención al caso que se abrió el 19 de octubre pasado por los presuntos delitos de colusión simple y agravada.
En esa fecha la Fiscalía de la Nación empezó a indagar sobre la contratación de Rosa Rivera Bermeo, otra amiga de Otárola, en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogdas (Devida). A ella se le atribuyó ser cómplice del premier.
Ahora bien, con la misma postura de Amoretti, el abogado Julio Rodríguez aseguró que se puede configurar la colusión desleal y, de comprobarse que el Estado no requirió del servicio de Yaziré, se le podría imputar cargos de colusión desleal agravada al premier Otárola.
“Si la colusión desleal es simple y no hay perjuicio económico al Estado la pena máxima es seis años, pero si es agravada entonces llegaría hasta los 15 años de pena”, manifestó a este Diario.
Al ser consultado sobre si estaríamos hablando de una incurrencia en el delito de tráfico de influencias, contestó que eventualmente sí en la medida de que exista un procedimiento.
“Esta es una contratación que se hace prácticamente a dedo”, añadió.
De otro lado, opinó que una persona con ese tipo de cuestionamientos y que utilizó el Estado para poder contratar a personas allegadas a él, no tiene las condiciones de carácter ético-político para seguir ostentando el cargo.
En tanto, el experto Javier Aguirre indicó lo siguiente: “el señor Otárola habría incurrido en delito de colusión, si tuvo a su cargo dicha contratación; si la contratación estuvo a cargo de una tercera persona – sobre quien el ahora Premier ejerció influencia – habría incurrido en el delito de instigación al delito de colusión”.
No obstante, discrepó de sus colegas al indicar que no se configuraría tráfico de influencias. “El delito de Negociación Incompatible que también podría haberse configurado en este caso, cede ante la configuración del delito de colusión desleal”, finalizó.
