El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, expresó su conformidad sobre la posibilidad de que el Gobierno convoque a un Consejo de Estado evaluar temas respecto a la seguridad ciudadana, solo si se utiliza dicho espacio para tomar decisiones y no solo para brindar “declaraciones retóricas”.
“A mí me parece que, si se convoca al Consejo de Estado para tomar decisiones respecto a la criminalidad, yo estoy de acuerdo, pero que sean decisiones concretas y firmes, que no sean declaraciones retóricas”, expresó Arévalo a la prensa.
El titular del PJ participó este jueves en un evento sobre la implementación de inteligencia artificial en el sistema judicial e indicó que la criminalidad se tiene que combatir con “cosas concretas”.
“Declaraciones retóricas me parece que no valdría la pena”, manifestó.
De esta forma Arévalo comentó el pedido que solicitó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) el 1 de setiembre para que el Ministerio del Interior y el Poder Ejecutivo convoquen a un Consejo de Estado.
Asimismo, el objetivo de dicha acción sería que todos los poderes del Estado y organismos autónomos puedan adoptar decisiones contra los delitos que afectan desde hace algunas semanas a operadores de transporte público y usuarios.
En ese sentido, Arévalo sostuvo que sería el Consejo de Estado un lugar para debatir estos temas mientras que a nivel Congreso la discusión sería más “diluida”, pues la aprobación de leyes no depende de una persona sino de todos los partidos políticos.
“La voluntad debe ser de todos. No creo que haya un peruano que piense que no hay que hacer algo con esta criminalidad. Tenemos una amenaza y debemos reaccionar y el Congreso tiene una responsabilidad de contribuir a través de las leyes en la lucha contra este mal”, aseveró.
Como se recuerda, desde el Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitó de manera formal al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, que el Poder Ejecutivo convoque al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para evaluar los cambios en la normativa para enfrentar la criminalidad.
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