El abogado de Castillo Terrones señaló que si su pedido es rechazado por el Poder Judicial, el paso siguiente sería acudir al máximo ente de justicia, el Tribunal Constitucional. (Foto: archivo GEC)
El abogado de Castillo Terrones señaló que si su pedido es rechazado por el Poder Judicial, el paso siguiente sería acudir al máximo ente de justicia, el Tribunal Constitucional. (Foto: archivo GEC)

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC), si se rechaza la tutela de derechos que busca dejar sin efecto la investigación fiscal en su contra por el caso Puente Tarata.

En declaraciones a Exitosa, el letrado afirmó que todavía no está definido si acudirán o no a la citación del Ministerio Público, la cual está prevista para el lunes 13 de junio.

“Estamos en evaluación, una opción es la reprogramación, otra es ir a la declaración, es un medio de defensa, son opciones que se barajan, no hemos tomado la decisión”, afirmó.

Si en la tutela de derechos no halláramos justicia, se abre el escenario de la justicia constitucional, lo que corresponde es una demanda constitucional de amparo que lo resuelve el juzgado constitucional y en última instancia tiene la palabra el TC que es el celoso guardián de los derechos constitucionales”, añadió.

La tutela de derechos presentada por Castillo Terrones se sustenta en que la fiscalía no puede investigar al presidente pues este está protegido por la Constitución.

Citación a Castillo

La Fiscalía de la Nación citó al presidente de la República, Pedro Castillo, a declarar el próximo lunes 13 de junio a las 10:00 a.m., por el caso Puente Tarata III, en el marco de las investigaciones que se realizan en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

El último 29 de mayo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso abrir investigación preliminar al jefe de Estado. Es así, que el máximo mandatario fue incluido a la pesquisa que Sánchez ordenó, a inicios de mayo, en contra de Silva y de seis congresistas de Acción Popular, sindicados por la empresaria Karelim López como “Los Niños”.

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