La investigación del Ministerio Público contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, reveló un presunto perjuicio económico al Estado que supera el millón y medio de soles. Según la Fiscalía, la organización criminal que habría liderado Castillo Rojo generó un daño estimado en S/ 1,461,121.10 mediante 63 contrataciones públicas ejecutadas sin proceso de selección entre 2023 y 2024.
El monto total proviene de diversas órdenes de compra y servicio direccionadas irregularmente en el Gobierno Regional del Callao. La investigación fiscal identificó un patrón sistemático de contrataciones que evitaban deliberadamente los procedimientos establecidos por la normativa de contrataciones públicas.
Investigan contrataciones irregulares
Las 63 contrataciones sin proceso de selección se distribuyeron entre diferentes proveedores aparentemente vinculados a la red criminal. El Ministerio Público documentó 34 órdenes de compra y tres órdenes de servicio a favor de determinados proveedores, que acumularon un monto total de S/ 874,575.00.
Adicionalmente, otros proveedores recibieron 16 órdenes de compra y tres órdenes de servicio por un valor de S/ 518,525.00. Estas contrataciones habrían sido direccionadas aprovechando mecanismos que permitían evadir los controles legales de transparencia.
En el ámbito del Centro de Atención de Formación y Empleo Descentralizado (CAFED) Callao, la Fiscalía identificó irregularidades adicionales. Se habrían direccionado cuatro órdenes de compra por S/ 44,196.10 y tres órdenes de compra por S/ 23,825.00, siguiendo la misma modalidad de contratación sin proceso de selección.
¿Cómo operaba la presunta organización criminal?
El Ministerio Público sostiene que la supuesta organización criminal operó entre 2023 y 2024 desde el interior del Gobierno Regional del Callao. Los integrantes de la red habrían sido funcionarios y servidores públicos que, aprovechando sus posiciones de poder, direccionaron contrataciones públicas específicamente por montos iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Esta estrategia les habría permitido evadir los procesos de selección establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado. Al mantener los montos bajo el umbral de las 8 UIT, las contrataciones podían realizarse mediante órdenes directas sin necesidad de licitaciones públicas o concursos de selección que garantizan transparencia y competencia.
Irregularidades en proveedores beneficiados
La investigación fiscal detectó patrones sospechosos en el comportamiento de los proveedores favorecidos por estas contrataciones. Según el Ministerio Público, varios de estos proveedores habrían modificado repetidamente sus actividades económicas registradas ante la SUNAT para ajustarse específicamente a los requerimientos de cada contratación.
Además, estos mismos proveedores aparecían de forma recurrente en los estudios de mercado realizados por la entidad pública, a pesar de no contar con negocios operativos verificables. La Fiscalía también identificó presuntos vínculos entre estos proveedores y funcionarios del Gobierno Regional del Callao, lo que reforzaría la hipótesis de una red de corrupción articulada.
Estas irregularidades evidenciarían un sistema diseñado para simular procesos de contratación legales mientras se direccionaban recursos públicos hacia empresas sin capacidad operativa real, generando el millonario perjuicio económico documentado por la investigación fiscal.
