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La Procuraduría General del Estado (PGE), mediante su representante Daniel Soria, presentó ayer una denuncia contra la congresista Rosío Torres (APP) por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
La decisión se da luego de un reportaje de Punto Final en el que la apepista es señalada presuntamente de obligar a los trabajadores de su despacho congresal a entregar un tercio de sus salarios, dinero que era depositado en las cuentas bancarias de su sobrino Juan Pérez Guerra.
Incluso, la parlamentaria fue grabada por el medio periodístico en el momento en que borró el historial de conversaciones en WhatsApp que sostuvo con su familiar, minutos después de que un reportero del programa le consultara por los depósitos de sus trabajadores.
Por ese motivo, la PGE solicita a la Fiscalía el inicio de diligencias preliminares.
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EN LA CANCHA
La bancada de APP le solicitó a Torres una aclaración pública sobre el caso y anunció su cambio en la Comisión de Ética.
Además, convocarán a una reunión para recibir sus descargos para determinar si existen responsabilidades de parte de la legisladora.
Fuentes de Correo informaron que APP espera reunirse hoy, aunque el encuentro podría posponerse por el pleno.
Por otro lado, Arturo Alegría (FP) consideró que Ética debe de actuar de inmediato, de lo contrario, solicitará que se inicie una investigación de urgencia.
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