La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado al Poder Judicial que Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, junto a los empresarios Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira, y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, asuman solidariamente el pago de S/ 6 millones como reparación civil en favor del Estado.
La petición se enmarca en la investigación preparatoria que afrontan los implicados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. Además, la Procuraduría busca ser reconocida como actor civil en el caso, lo que le permitiría exigir el pago en caso de una sentencia condenatoria.
El juez supremo Juan Carlos Checkley evaluará estas solicitudes en una audiencia virtual programada para el martes 7 de enero.
Poder Judicial rechazó pedido de cese de prisión preventiva de Andrés Hurtado
Andrés Hurtado continuará recluido en el Penal de Lurigancho, luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley declarara “infundada” la solicitud que presentó la defensa legal de “Chibolín” para que se ordenara el cese del mandato de prisión preventiva por 18 meses que se le impuso debido a la investigación que afronta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.
El magistrado tomó dicha medida, pues determinó que la defensa legal de Hurtado no presentó nuevos elementos de convicción que permitan variar la situación legal de su patrocinado, con el objetivo de afrontar el proceso penal bajo detención domiciliaria, vigilancia electrónica (grillete electrónico) o comparecencia con restricciones.
“En consecuencia, al no existir nuevos elementos de convicción que enerven los que justificaron la medida de prisión preventiva impuesta al imputado Hurtado Grados la solicitud entendida por este juzgado supremo como una de cese de prisión preventiva debe ser declarada infundada”, indica Checkley Soria en su resolución -emitida el último 3 de enero-, a la que tuvo acceso RPP.
El juez Checkley Soria recordó que el mandato de prisión preventiva que afronta el exconductor de TV desde el 3 de octubre del 2024 vencerá el 18 de marzo del 2026.
EL CASO
Andrés Hurtado es investigado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias porque junto a Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, habría ejercido influencias ante funcionarios de la mencionada entidad para agilizar el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana de Roberto Siucho Neira.
Los hechos ocurrieron en el 2019, lo que le permitió al jugador obtener con posterioridad la nacionalidad china.
Un poco después de conocerse la noticia, el PJ a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, realizaba una audiencia para evaluar el pedido de Hurtado sobre el caso que involucra a la exfiscal Elizabeth Peralta.
Al inicio de la audiencia, el abogado Russell Robles fue acreditado como la nueva defensa legal de Hurtado en reemplazo de Elio Riera.
“Pido que se le de arresto domiciliario, o el uso de grillete electrónico o comparecencia”, dijo el letrado.
Desde su punto de vista, su patrocinado ya fue “juzgado” por todos los medios de comunicación.
Por su parte, el fiscal Luis Zapata desestimó que Hurtado haya tenido una actitud de colaboración en el proceso.
“Dijo que tenía dos celulares, pero registraba ocho y usaba números de sus trabajadores. Con eso se evidencia la facultad para ocultar información”, dijo.
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