Proyecto de ley impide que el presidente de la República nombre a ministros con investigaciones fiscales

El congresista Diego Bazán Calderón (Avanza País), quien hasta ayer estuvo en la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca impedir que el presidente de la República nombre a altos cargos en el Estado, por ejemplo, ministros que tengan investigaciones fiscales por delitos de corrupción y apología al terrorismo.

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“Consideramos de importancia y de extrema relevancia que no se puede realizar nombramientos de personas que no se encuentren en la capacidad de asumir altos cargos, al encontrarse investigadas, procesadas o condenadas por graves delitos, que no solo atentarían contra la imagen del país”, se indica en la iniciativa.

La propuesta busca modificar el artículo 8, numeral 2, literal 1, de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que refiere a las funciones del jefe de Estado.

“Nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos en el Estado conforme a Ley. Las personas nombradas no pueden encontrarse con acusación fiscal o sentencia condenatoria por cualquiera de los delitos previstos en los artículos 296 al 302 (...) del Código Penal, así como el Decreto Ley 25475”, indica el proyecto.

En la parte de los efectos de la vigencia de la norma, se indica que la iniciativa no “contraviene la norma constitucional”, debido a que el presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros, así como los demás ministros, “a propuesta y con acuerdo”.

“La aprobación del texto legal propuesta, permitirá que quienes ejerzan altos cargos en el Estado sean personas probas, que garantizarán el cumplimiento de los principios de interés general, eficacia, eficiencia, mérito y ética; lo que redundará la confianza de la población frente a sus autoridades y permitirá la estabilidad del país tanto en el aspecto social como económico”, se explica.

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Del mismo modo, en los argumentos, la propuesta de Alonso Bazán se sustenta en un informe de la Defensoría del Pueblo, que cuestiona las designaciones de altos funcionarios en la gestión del mandatario Pedro Castillo, entre otros hechos.

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