Los conflictos no cesan. Puno concentra poco más de una cuarta parte del total de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden desde que comenzaron las protestas en el país en diciembre del año pasado, luego del fallido golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.

Así lo revela una revisión realizada por Correo a los reportes diarios de crisis política y protesta social de la Defensoría del Pueblo, emitidos desde diciembre pasado hasta la actualidad.

Según la información de dicha institución, en el Perú se han reportado un total de 37 enfrentamientos graves entre protestantes y las fuerzas del orden. De estos, 10 se produjeron en la región Puno, es decir, el 27%.

Los datos de la Defensoría también ponen en relieve las continuas movilizaciones en diversos puntos de la región, que han paralizado el departamento.

VIOLENCIA. Otro dato relevante respecto a Puno tiene relación con hechos de violencia por parte de los manifestantes.

Desde que empezaron las protestas se han reportado por lo menos 32 hechos violentos, según información revisada por este diario.

El primero de estos se reportó en diciembre, luego hubo otro el 24 de enero, cuatro en febrero y tres en lo que va del presente mes.

En ese registro, al menos en seis oportunidades se intentó tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac.

Precisamente, uno de los hechos más lamentables se relaciona con el terminal aéreo. El 9 de enero, un grupo de manifestantes llegó a una avenida que colinda con el aeropuerto para invadir las instalaciones. Tras un enfrentamiento con las fuerzas del orden, 17 personas fallecieron.

Un día después, una turba de 350 personas emboscó a un grupo de agentes policiales que patrullaba en Juliaca. Si bien los efectivos lograron escapar, uno de ellos no lo logró y fue quemado vivo.

Ese mismo mes, una turba incendió un local del Ministerio Público, seis entidades financieras, además de locales de la Sunat, Migraciones y Senasa.

EN ESCOMBROS. A pesar de que la situación de violencia disminuyó sustancialmente en el resto del país, en Puno es distinto.

El último sábado, la sede judicial de Juli, provincia de Chucuito, fue blanco de un grupo de vándalos.

Los delincuentes incendiaron la sede que se encarga de los procesos de juicios por alimentos para las personas que reclaman una pensión para sus hijos.

Personal del inmueble intentó apagar el fuego, pero no lo consiguió. Las consecuencias: El local quedó en escombros y el 95% de los expedientes judiciales se habrían perdido.

Las imágenes de cómo quedó el edificio dan cuenta de graves daños materiales, como la destrucción de computadoras, muebles, sillas y todo tipo de material de oficina.

Al cierre de esta edición se desconocía a cuánto ascendían las pérdidas materiales y económicas.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, condenó el violento ataque.

Además, la institución judicial formuló un llamado para desterrar la violencia y los actos vandálicos, que no hacen otra cosa que agravar la situación política y social del país.

RECHAZO. En un comunicado conjunto, el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio del Interior (Mininter) condenaron de manera enérgica el incendio de la comisaría del distrito de Juli, en la provincia puneña de Chucuito.

Las instituciones calificaron el hecho como un “ataque criminal” que fue perpetrado “por extremistas violentos”, quienes pusieron en riesgo la vida de los 43 agentes que estaban al interior de la dependencia policial.

Según el comunicado, aproximadamente a las 11:40 a.m., cerca de 300 violentistas atacaron la comisaría lanzando piedras y otros objetos contundentes. El hecho se prolongó por más de tres horas, pese a que el oficial a cargo de la dependencia buscó un diálogo con los protestantes.

Ambos ministerios agregaron que los agentes fueron rebasados por los manifestantes en su intento de repeler los ataques a la comisaría.

Producto del hecho se registraron diez policías y siete civiles heridos, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

En el pronunciamiento también se precisó que, de manera simultánea, otro grupo atacó la Base Militar de Juli, dejando a otros diez miembros del Ejército “con cortes en la cabeza, brazos y manos”, además de policontusiones en la mayoría de ellos.

Durante la acometida se reportó el incendio de vehículos pertenecientes a la comisaría, al personal policial y la patrulla militar.

Finalmente, el Mindef y el Mininter indicaron que se procedió al inicio de las investigaciones para la identificación delos responsables y así entablar las acciones legales correspondientes.

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