El fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, considera que el Tribunal Constitucional (TC) podría afectar el desarrollo del juicio oral contra Keiko Fujimori. Ello después que la defensa de la lideresa de Fuerza Popular presentó un recurso que busca archivar el proceso en el marco del “Caso Cócteles”.
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“El Tribunal Constitucional (...) puede perfectamente también afectar lo que sería el desarrollo del juicio oral y por supuesto que es una preocupación”, dijo en RPP.
Para el fiscal Rafael Vela se trata de una estrategia de Keiko Fujimori para impedir el desarrollo del juicio. Además, recordó que en febrero último ya fue presentado una demanda similar ante el TC que incluso está pendiente de evaluación.
“Es parte de la estrategia de evitar que el juicio oral continúe. Está claramente determinado. Nosotros (el fiscal José Domingo Pérez y él) hace una semana estábamos lidiando con la posibilidad de ser suspendidos de nuestros cargos y eso es para afectar el desarrollo del juicio oral”, añadió.
Rafael Vela subrayó el actual Tribunal Constitucional tiene un origen político, y que la bancada de Fuerza Popular votó en el Congreso por la elección de varios de sus miembros. “De cualquier manera siempre hay que estimar la génesis del Tribunal Constitucional. El TC nace sobre la base de un acto político, de decisión del Congreso y el partido Fuerza Popular tiene una bancada activa que ha votado además dentro de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional”, señaló.
Keiko Fujimori
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, busca anular el juicio en su contra por el caso Cócteles, acudiendo a la máxima instancia judicial del país.
A través de un recurso de habeas corpus, Keiko Fujimori solicitó al Tribunal Constitucional anular las imputaciones en su contra por presunto lavado de activos y crimen organizado, por la recepción de presunto dinero ilegal de la constructora Odebrecht y empresarios nacionales.
Fujimori fue incluida en el proceso Lava Jato por supuestos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016. Enfrenta un pedido fiscal de 30 años de cárcel por lavado de dinero, organización criminal, falsa declaración, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.
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