En uno de los años más convulsionados para la política peruana, el 2023, registró una serie de complejas investigaciones desde distintas esferas del Estado. A continuación, los casos más mediáticos en este año.
Más de 1000 protestas sociales
Luego del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y ante la toma del mando de Dina Boluarte, enero de 2023 registró 1,261 acciones colectivas de protesta, la cifra más alta desde que se inició el registro de protestas.
Según información de la Defensoría del Pueblo, del total, 1,093 (86.7 %) estuvieron relacionadas al conflicto vinculado a la crisis política. En esta se rechazaba el gobierno de Dina Boluarte, se pedía adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.
Además, se detalló que de las 1,261 protestas sociales, el 38.4 % fueron movilizaciones, el 20.3 % correspondieron a bloqueos de vías, y el 17.1 % fueron plantones o concentraciones del momento.
Fallido adelanto de elecciones
La Comisión de Constitución del Congreso rechazó el predictamen que proponía establecer el adelanto de elecciones generales para el año 2023. La decisión fue adoptada por 12 votos en contra y 9 a favor sin haberse realizado debate alguno.
“En la sesión pasada tuvimos un amplio debate, no hubo un consenso general, entonces dimos un tiempo para poder reflexionar alrededor de lo planteado en estos proyectos y alrededor del dictamen que planteamos”, explicó en aquel entonces el presidente la comisión, Hernando Guerra García.
La propuesta planteaba que los comicios se realicen el segundo domingo de diciembre de 2023 para un gobierno de 5 años, es decir, hasta el 2028. La presidenta y los congresistas deberán concluir su mandato el 30 de abril de 2024. El nuevo jefe de Estado hubiese asumido funciones el 1 de mayo de 2024, mientras que los parlamentarios elegidos asumían el 30 de abril de 2024.
¿Quién financió la campaña de Dina Boluarte?
En marzo, Maritza Sánchez, exasesora de la presidenta Dina Boluarte durante la campaña presidencial de Perú Libre para las elecciones generales de 2021, reveló que la mandataria recibió dinero del exasesor de Henry Shimabukuro, exasesor inteligencia de Pedro Castillo, y de otros empresarios.
Sánchez contó que desde abril de 2021 comenzó a ayudar a Boluarte Zegarra en todas sus movidas de campaña y anotó todo en un improvisado cuaderno amarillo. En ese sentido, recordó que una de las primeras personas interesada en ayudar a la ahora jefa de Estado es Shimabukuro. “Henry le dice yo deseo apoyar una campaña dígame en qué apoyo tengo recursos porque yo no deseo que gane Keiko Fujimori”, relató.
Alejandro Toledo y su ‘vuelta’ al Perú
El expresidente Alejandro Toledo llegó al Perú en abril, procedente de los EE.UU, desde donde fue extraditado para ser sometido a la justicia peruana por casos de corrupción que se le imputan por la concesión de la obra de la Carretera Interoceánica Sur.
El Ministerio Público, a través del fiscal José Domingo Pérez, ha pedido pena privativa de la libertad de 20 años y seis meses para Toledo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.
Toledo Manrique ha solicitado afrontar su caso en libertad. Mencionó que preferiría un trato similar al que han recibido los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, quienes se han defendido en libertad.
Polémico informe final de la CIDH
El 2 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre las protestas sociales que se desarrollaron contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre diciembre del 2022 y enero de este año.
La CIDH concluyó que, de acuerdo a la información que adquirió tras visitar el Perú entre diciembre y enero, sí hubo un uso desproporcionado de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, se lee en el documento.
Asimismo, se mencionan las armas con las que fueron atacados los manifestantes como agraviantes. “Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, se indicó.
Ministra de Salud y la pobre gestión ante el dengue
Tras presentarse ante el Congreso para exponer un informe sobre los trabajos que se hicieron para frenar al dengue en el Perú, Rosa Gutiérrez renunció al cargo de ministra de Salud luego de cuestionamientos.
Rosa Gutiérrez presentó su carta de renuncia en un mensaje que terminó entre aplausos por todos los presentes en el pleno. “Quiero trasladarle a la mesa que he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Salud”, dijo.
A través de redes sociales, Dina Boluarte anunció que aceptó la renuncia.
Alejandro Soto y su ‘escandalosa’ elección en el Congreso
El 26 de julio, el congresista Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso (APP), y representante del Cusco, se convirtió en el presidente del Congreso para el periodo legislativo 2023-24, al haber resultado su lista de candidatos a la Mesa Directiva ganadora del proceso electoral, al obtener los 77 votos.
Sin embargo, su elección fue duramente cuestionada por el rosario de denuncias que poco a poco salieron a la luz en su contra. Su gestión se vio opacada por la famosa Ley de prescripción o también llamada ‘Ley Soto’, que lo libró de una condena de hasta por 8 años de cárcel por el presunto delito de estafa.
La era Soto también se ha visto empañada por blindajes éticos, casos de conflictos de intereses, leyes cuestionadas y bonos millonarios para el Legislativo.
Mauricio Fernandini y Sada Goray
En agosto, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 30 meses de prisión preventiva para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Gavidia por el presunto delito de colusión agravada y otros.
Esta decisión fue tomada en el marco del caso Fondo MiVivienda que comprende, según la tesis fiscal, pagos de sobornos en una trama de corrupción durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Todos los aludidos estuvieron presentes durante la lectura del fallo judicial.
La Fiscalía sustentó argumentos contra Fernandini y Goray. Según la investigación del Ministerio Público, los sobornos entregados por la empresaria que, equivalen a unos US$5,4 millones y US$21, fueron destinados a fin de que se designen a dedo a personas de confianza en puestos claves del Fondo MiVivienda.
También en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y otras instituciones. Esto para que la empresa Marka Group (de Sada Goray) resulte beneficiada con proyectos.
La entrega de dinero, según la Fiscalía, fue al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y a su exasesor Salatiel Marrufo. Los fondos ilícitos destinados sirvieron como una caja chica para la organización criminal que habría liderado Pedro Castillo.
Muerte de Hernando Guerra García
La madrugada del 29 de setiembre, Hernando Guerra García, miembro del partido Fuerza Popular y en ese entonces primer vicepresidente del Congreso, falleció en la ciudad de Arequipa.
Su deceso ocurrió mientras se encontraba en la provincia de Islay, para participar en la Convención Perumin. El legislador sufrió una descompensación y fue trasladado de inmediato a una posta médica local, donde no encontró personal médico que lo atendiera.
Posteriormente, el cuerpo del congresista fue trasladado al Hospital Manuel Torres Muñoz de EsSalud, ubicado en el distrito de Mollendo.
El fantasma de Vladimir Cerrón
A inicios de octubre, el Poder Judicial condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, por irregularidades detectadas en su gestión al frente de dicha instancia regional.
El también fundador y líder del partido Perú Libre es responsabilizado por el delito de colusión, supuestamente cometido en la concesión del Aeródromo Wanka.De igual manera, se impuso a Cerrón el pago de una reparación civil ascendente a 800 mil soles.
Esta instancia judicial encontró indicios del delito de colusión en el proceder de Cerrón en la firma del contrato de concesión. El proceso tuvo un direccionamiento favorable al consorcio Aeródromo Wanka y en el mismo la exautoridad regional participó de comienzo a fin, se indicó.
Ello se hizo a pesar de que la implementación de esta infraestructura no contaba con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil, perjudicando al Estado. Cerrón permanece prófugo hasta la actualidad, pero bastante activo en sus redes sociales.
Dina Boluarte en el extranjero
Los viajes de Dina Boluarte al extranjero trajeron más críticas que inversiones. Ejemplo de ello fue la dimisión de Ana Gervasi al cargo de canciller, luego de la falida reunión ilateral entre Dina Boluarte y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.
Boluarte también estuvo en Alemania, Italia y Ciudad del Vaticano, tras visitar Brasil y Estados Unidos en agosto y setiembre, desde que asumió el poder el 7 de diciembre del 2022.
Censura al ministro del Interior
Con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó las mociones de censura 8911 y 8927 contra el ministro del interior, Vicente Romero Fernández, por su “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.
En consecuencia, el ministro presentó su renuncia. Durante el debate, los congresistas expresaron preocupación por el sur del país donde la extorsión va en aumento, al igual que en la capital.
Se sostiene que no hay una dirección correcta en el Ministerio del Interior. Además, las bandas extranjeras parecen haber establecido un control poderoso en todo el país.
Red criminal en el Ministerio Público
La detención de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides (fiscal de la Nación), destapó una presunta red criminal en el Ministerio Público que involucra a un listado de congresistas.
Según la tesis policial - fiscal de la DIVIAC junto al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), posicionan a Patricia Benavides como cabeza de esta organización que, mediante ayuda de congresistas, habría influenciado en tres labores legislativas.
- Elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo.
- Inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
- Remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Producto de esto, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó suspender provisionalmente a Patricia Benavides. Esto como parte del proceso disciplinario inmediato en su contra por las pesquisas que la sindican como líder de una presunta red criminal y por el cese de la fiscal Marita Barreto como líder del equipo especial que investiga ese caso.
Atentado contra la colaboración eficaz
El Pleno del Congreso con 89 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, aprobó este jueves 14 de diciembre por insistencia la ley que golpea a los procesos especiales de colaboración eficaz.
Pese a que el Ejecutivo observó la autógrafa meses atrás, la votación en insistencia exoneró a la ley de una segunda votación. En ese sentido, el Congreso quedó facultado para su promulgación.
La ley modifica los artículos 473,476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, en lo referido al proceso especial de la colaboración eficaz. Se establece que desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz se dará un plazo máximo de 8 meses.
Para el Ejecutivo este plazo resulta ser corto y representa un obstáculo para el adecuado trámite ya que existe cierta complejidad de los delitos en los que se dispone la colaboración eficaz.
Alberto Fujimori en libertad
El Ejecutivo acató el fallo del Tribunación Constitucional y, el 7 de diciembre, el expresidente Alberto Fujimori abandonó el penal Barbadillo, tras 16 años de prisión, en cumplimiento de una resolución tras resolver un recurso de reposición en el marco de esta causa.
Fujimori, de 85 años, abandonó el penal luego de superarse los trámites administrativos en el Instituto Nacional Penitenciario. Inmediatamente, abordó el vehículo que lo llevó a la vivienda de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular.
Tras la liberación del expresidente Alberto Fujimori, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, y el canciller Javier González-Olaechea explicaron que el Gobierno acató la decisión del Tribunal Constitucional, acorde con el artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, que señala que es obligación del Poder Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
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