Roberto Pereira Chumbe, exabogado de Martín Vizcarra: “Sin ver el expediente, no podría decir que hay mayor gravedad”

Si el Congreso, este 31 de octubre, admite debatir la moción de destitución presidencial, el jefe de Estado Martín Vizcarra tendrá que contratar a un abogado. ¿Convocará de nuevo al penalista Roberto Pereira Chumbe del estudio Benites, Vargas y Ugaz? Su eficaz argumentación del 18 de setiembre, para muchos, desalentó el voto adverso. El escenario, las imputaciones y los desafíos ahora son distintos, admite Roberto Pereira en este diálogo.

¿Se ha comunicado con usted el presidente Vizcarra para una segunda defensa?

Fue un encargo profesional vinculado con los hechos de la moción de vacancia que se debatió el 18 de setiembre y ahí concluyó mi trabajo en ese caso. No he vuelto a tener ninguna comunicación ni propuesta del presidente para asumir otros encargos.

¿Aceptaría nuevamente si se lo propone?

Tendría que evaluarlo, ¿no? Son circunstancias distintas, son hechos distintos. Tendría que evaluarlo y ver si están en los mismos parámetros de la vez anterior. Pero como no ha habido ninguna comunicación en ese sentido ni siquiera me lo he planteado.

Sin duda, es muy diferente el nuevo escenario en relación con las nuevas imputaciones.

Todo indicaría que sí. Pero como le digo, hay que evaluar los hechos. A veces, la presentación pública de unos hechos no agotan la totalidad de la evaluación. Por eso, no le puedo decir si sí o no, porque no los he evaluado en su totalidad.

¿Son más graves las nuevas imputaciones? ¿Cuál es su prognosis?

Depende de la perspectiva con la que se planteé o se mire. Obviamente, desde el punto de vista de los eventuales delitos, no podría decir que hay mayor gravedad pero, en realidad, todo va a tener que resolverse en función de lo que existe en los expedientes. Y eso, por el momento -más allá de lo que ha salido en la prensa- es un asunto que se está llevando a cabo a través de un proceso especial por colaboración eficaz que está sometido a deberes de reserva. Entonces, es bien difícil hacer una prognosis cuando no se tienen todos los elementos. Los abogados, y sobre todo los penalistas, decimos: si no vemos el expediente es bien complicado hacer prognosis, porque si uno no ha revisado el expediente está en el ámbito de las especulaciones.

¿Cómo se perfila el escenario en el Congreso?

Una cosa son las imputaciones delictivas y otra cosa es si, a partir de eso, es posible activar la vacancia por incapacidad moral permanente. Yo ya expuse cuáles son mis criterios en función de esa causal, una causal muy excepcional (…) Porque ese es el tema que también hay que tener en cuenta. Lo que se decide, en un caso, tiene que ser sobre la base de criterios que puedan ser aplicados en el futuro a cualquier presidente en situaciones similares, porque sino corremos el riesgo de debilitar la institucionalidad de la Presidencia de la República. Por eso es que yo sostengo que la vacancia por incapacidad moral permanente tiene que ser un hecho absolutamente objetivo. Esa es la evaluación que tiene que hacer el Congreso de la República. Ahora, en este segundo escenario, yo entiendo que ni siquiera se ha aprobado la moción que se ha presentado. Habrá que esperar qué decide el Congreso en los próximos días.

Está pendiente el pronunciamiento del TC sobre la demanda competencial del Ejecutivo en relación con el primer intento de vacancia.

Vamos a ver qué decide el TC. Lo que se esperaría es que aporte una serie de criterios que permitan darle contenido a esa causal que es bastante ambigua, bastante amplia en sus términos. Que el TC pueda fijar los parámetros, los criterios más o menos objetivables para que esa causal sea utilizada de manera muy racional, muy segura, sin que se afecte la estabilidad, insisto, de la institucionalidad de la Presidencia. Esperemos que sea lo más pronto posible.

¿Debería el Congreso esperar el pronunciamiento del TC?

Va a depender de la discusión que se genere en el Congreso. Recuerde que la vez pasada no se esperó. Había una demanda puesta y el Congreso continuó. Formalmente, no existe una obligación. Nada impediría que ocurra eso. Sería deseable, desde un punto de vista más institucional, que hubiese un pronunciamiento previo, pero, bueno... eso va a depender de los criterios de oportunidad y de conveniencia que se den en el interior del Congreso, un foro eminentemente político.

Roberto Pereira Chumbe

Abogado penalista

Egresado de la PUCP. Tiene maestría en derecho penal por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra (España). Sustentó el alegato de defensa del presidente Vizcarra el 18 de setiembre. Docente.

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