El Ministerio Público presentó una nueva acusación fiscal y pidió pena de prisión efectiva por otro caso vinculado a la red de Rodolfo Orellana, donde están siendo investigados y procesados Ludith Orellana Rengifo, hermana del cabecilla; Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, abogado y presunto cómplice de la organización criminal; y Jaime Ernesto Bojórquez Jurado, exregistrador público.
Según un comunicado de la Fiscalía, los referidos son sindicados de ser supuestos autores de delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.
El fiscal provincial Elvis Suárez Ferrer, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), expuso al Poder Judicial las imputaciones y requirió la pena de cárcel de nueve años de prisión efectiva para Bojórquez Jurado, en su condición de registrador público de la Gerencia de Propiedad de Inmueble de la Zona Registral IX de Lima, a quien Vargas Machuca Arrese, como cómplice primario de Ludith Orellana, ofreció y, posteriormente, le dio la suma de USD 1000 para que, de manera ilícita, inscriba un título en una partida registral de un inmueble del distrito de Los Olivos.
Tras ello, Ludith Orellana se valió del abogado de la organización criminal, Vargas Machuca Arrese, quien mantuvo contacto con Bojórquez para coordinar los trámites ilegales a favor de los intereses de la imputada, hecho que se consumó el 11 de enero de 2013, cuando este le ofreció, por llamada telefónica, la suma de 1000 dólares.
Dicho caso está en etapa intermedia, por ello el juzgado debe convocar a la audiencia de control de acusación. De esa forma, la fiscalía continúa con las investigaciones a la organización criminal de Rodolfo Orellana.
Fiscalía solicita 10 años y 8 meses de cárcel contra Rodolfo Orellana por presunto cohecho activo
El Ministerio Público ha solicitado 10 años y 8 meses de prisión de pena privativa de la libertad contra Rodolfo Orella Rengifo, quien es acusado de liderar una organización criminal involucrada en estafas por la usurpación ilegal de propiedades.
La acusación fue formalizada por el titular del Quinto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Elvis Suárez Ferrer.
Fiscalía también ha solicitado 9 años y 9 meses de prisión contra el exmagistrado Edgar Cleves Máximo Briceño, así como el mismo tiempo de inhabilitación.
Orellana es acusado de liderar una organización que operada apoderándose de manera ilegal de inmuebles y otras propiedades mediante un entramado que involucraba tanto a miembros del sistema judicial como a funcionarios de instituciones estatales como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
La imputación contra ambos señala que Briceño ofreció sobornos a jueces de paz letrados con el objetivo de influir en sus decisiones a favor de Orellana, admitiendo demandas de desalojo en 12 inmuebles ubicados en diversas zonas de Lima.
Según se informó, entre los jueces sobornados se encuentran Luis Chira Ascurra, de Huaycán; Laura Márquez Rivera, de Magdalena del Mar; y Gustavo Zavala Olcese, de Ventanilla.
Los delitos imputados a la red liderada por Orellana datan del 2012, cuando Briceño se unió a la presunta organización de los hermanos Orellana. Según la Fiscalía, el exmagistrado desempeñó un papel crucial al ofrecer donativos considerables a los jueces de paz mencionados, con el fin de asegurar el éxito de las demandas de desalojo y facilitar la toma ilegal de posesión de los inmuebles.
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