Audiencia de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini. (Foto: Correo)
Audiencia de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini. (Foto: Correo)

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Raúl Justiniano, dictó 30 meses de prisión preventiva para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Gavidia por el presunto delito de colusión agravada y otros.

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Esta decisión fue tomada en el marco del caso Fondo MiVivienda que comprende, según la tesis fiscal, pagos de sobornos en una trama de corrupción durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Todos los aludidos estuvieron presentes durante la lectura del fallo judicial.

“Magistrado concluyó que los 4 casos cumplen los requisitos que exige el Código Procesal Penal para imponer la medida: graves elementos que los vinculan con los hechos, la pena a imponer sería mayor a 4 años y existe el peligro de fuga y obstaculización de la investigación”, informó el Poder Judicial, a través de sus canales institucionales, una vez finalizada la audiencia de casi seis horas.

Tesis fiscal

En tal sentido, se dio resultado al pedido fiscal expuesto durante dos semanas por el fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de lucha contra la corrupción en el poder.

La Fiscalía sustentó argumentos contra Fernandini y Goray. También contra Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia, expresidente y exdirector del Fondo MiVivienda, respectivamente.

Según la investigación del Ministerio Público, los sobornos entregados por la empresaria que, equivalen a unos US$5,4 millones y US$21, fueron destinados a fin de que se designen a dedo a personas de confianza en puestos claves del Fondo MiVivienda.

También en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y otras instituciones. Esto para que la empresa Marka Group (de Sada Goray) resulte beneficiada con proyectos.

La entrega de dinero, según la Fiscalía, fue al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y a su exasesor Salatiel Marrufo. Los fondos ilícitos destinados sirvieron como una caja chica para la organización criminal que habría liderado Pedro Castillo.

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